Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)

Conforme a la expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) son incorporados en el marco del sistema financiero mexicano las instituciones de tecnología financiera, con lo cual faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para emitir disposiciones de este tipo, bajo los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera y neutralidad tecnológica. Tales disposiciones secundarias abarcan materias diversas como requisitos para la autorización para actuar como institución de tecnología financiera, capitales mínimos, contabilidad, excepciones para recibir recursos en efectivo, efectuar o recibir transferencias nacionales o internacionales, mandatos y comisiones para cuestiones operativas respecto de las actividades de las instituciones de financiamiento colectivo, autorizaciones para obtener financiamiento a fin de destinar los recursos a los esquemas para la alineación de incentivos de las instituciones de financiamiento colectivo, constancias sobre riesgos, metodologías sobre la asignación del grado de riesgo a los solicitantes de recursos en instituciones de financiamiento colectivo y plan de continuidad de negocio entre otros.

Pero con el fin de contar con una regulación eficiente para dichas instituciones, permitirán contar con un marco normativo con claridad, otorgando la certeza jurídica que necesitan o requieren los participantes, fomentando el crecimiento de las instituciones de tecnología financiera, salvaguardando en todo momento los intereses de los clientes de dichas instituciones además del sistema financiero.

Primeramente, la autoridad a través de estas disposiciones, establece la información y documentación que deberán presentar los solicitantes que pretenden mantener una participación en el capital social de las instituciones de tecnología financiera, así como la relativa al administrador único o consejeros y director general, en el cual se debe de incluir la situación patrimonial y el origen de los recursos para el caso de accionistas, al igual que aquella que permita verificar la honorabilidad, historial crediticio y de negocios satisfactorio; asimismo, se determinaran los requisitos para aquellas personas o vehículos de inversión que pretenden adquirir u otorgar en garantía títulos representativos de capital social de las entidades financieras.

En el capitulo segundo de estas disposiciones, se fija el monto de capital mínimo para las instituciones de tecnología financiera, tomando en cuenta el tipo de operaciones que les sean autorizadas, así como las actividades adicionales que pretenden llevar a cabo y los riesgos que enfrentan.

Debido a que en la actualidad existen sociedades que realizan actividades reservadas por la referida Ley y que permiten la recepción y entrega de recursos en efectivo, así como de transferencia de recursos con personas distintas a las entidades financiera, son contempladas por medio de esta multicitada disposición, en el cual se establece un procedimiento sencillo a fin de continuar incentivando el sector de la instituciones de tecnología financiera sin obstaculizar sus operaciones, precisando los límites y condiciones necesarios para que las propias instituciones de tecnología financiera sigan recibiendo recursos en efectivo y realicen las transferencias señaladas, pero cuidando en todo momento la congruencia de estas disposiciones con aquellas que se establecen para prevenir el lado de dinero y financiamiento de terrorismo.

Con el fin de contar con información financiera transparente, confiable y comparable, estas disposiciones establecen los criterios de contabilidad específicos aplicables a estas instituciones que son acordes con el tipo de operaciones que llevan a cabo, incluso tratándose de aquellas realizadas con activos virtuales; dichos criterios reconocen, en lo general, las normas de información financiera expedidas por el Consejo Mexicano de Normas de Infamación Financiera para las operaciones no especializadas de las instituciones de tecnología financiera y respecto de las particulares, la Comisión desarrollo criterios específicos, continuando con el mismo orden de ideas, se especifica el tratamiento racionado con la preparación de información financiera a que haga consistente la aplicación de los criterios de contabilidad con la elaboración y formulación de los estados financieros y el envío de la misma a CNBV.

En beneficio de los inversionistas de las instituciones de financiamiento colectivo, son establecidas las características mínimas que deberán contener las constancias electrónicas de conocimiento de riesgos que tales instituciones deberán obtener de ellos, lo que reanudará en que conozcan de manera clara los riesgos que se encontrará sujeta su inversión.

La CNBV considero necesario prever por medio de estas disposiciones, los requisitos que deberán observar las instituciones de financiamiento colectivo para dar cumplimiento a las obligaciones de establecer y dar a conocer a los posibles inversionistas los criterios aplicados para la selección de los solicitantes y de los proyectos objeto de financiamiento, la información y documentación que se analiza para tales efectos, las actividades que se realizan para verificar la veracidad y autenticidad de dicha información y documentación, así como para emitir los elementos mínimos que contendrán las metodologías de evaluación y calificación de los solicitantes y proyectos, con el fin de que sean determinados sus riesgos, por consecuente, traerá una prestación de servicios más transparente.

También fue conveniente establecer los limites para la realización de operaciones en las instituciones de financiamiento colectivo, tomando en cuenta la regulación aplicable a otras figuras del sistema financiero, incluso el monto de aquellas emisiones de valores de capital inscritas en el Registro Nacional de Valores, que lleva la CNBV, considerando también a los principios contenidos en la propia Ley, referentes a la innovación, competencia y a la inclusión financiera, por lo que en atención a lo anterior, son determinados los límites que deberán observar las instituciones de financiamiento colectivo respecto de los recursos que podrán destinar los inversionistas en cada operación de financiamiento y aquellos que podrán requerir los solicitantes o proyectos por medio de las referidas instituciones, todo esto evitando la colocación de recursos sin los mismo estándares aplicables a otras que realicen actividades similares, en protección de los intereses del público inversionista.

En las referidas disposiciones, es procurada una adecuada, transparente y equitativa prestación de servicios por parte de las instituciones de financiamiento colectivo, en el cual se otorga una mayor certeza y seguridad jurídica a las operaciones, son señalados los términos para la ejecución de los mandatos y comisiones que realicen, a fin de que sus clientes llevan a cabo las operaciones especialmente respecto de aquellos que se utilizaran para la reinversión de los recursos, la cobranza extrajudicial de los financiamientos otorgados y la representación de los inversionistas en asambleas u otro órgano de decisión colegiada de los solicitantes.

Debido a que las instituciones de financiamiento colectivo utilizan infraestructuras tecnológicas, estas son susceptibles a presentar fallas por eventos o situaciones no previstas, por lo cual resulta necesario prever la obligación de contar con un plan de continuidad de negocio que se deberá implementar en situaciones de contingencia, a fin de contar con estándares mínimos que reduzcan los riesgos a los que están expuestos, proporcionando una mayor certeza jurídica a sus operaciones y a sus clientes, considerando las lecciones aprendidas con motivo de las situaciones de emergencia en Mexico así como en otros países.

Es oportuno mencionar, que este instrumento jurídico contiene las disposiciones secundarias aplicables a las instituciones de tecnología financiera, en el cual se sistematiza su integración y es homologada la terminología utilizada, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica en cuanto al marco normativo a la que dichas instituciones se deberán sujetar para el pleno desarrollo de sus operaciones, cumpliendo en todo momento las obligaciones que emanan de estas mismas disposiciones y que deberán ser observadas por dichas instituciones.

Para mayor información de las Disposiciones, puede consultar los siguientes links:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537450&fecha=10/09/2018

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537452&fecha=10/09/2018

 

Licenciado Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hernández

Proponen reducir el IVA y el ISR en zona fronteriza

Los Diputados Armando Reyes Ledesma, Ana Ruth García Grande, Alfredo Porras Domínguez, Hildelisa González Morales y Ana Gabriela Guevara Espinoza, miembros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propusieron una reforma al Artículo 1ro. de la Ley del Impuesto sobre la renta y al 2do. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el objetivo de impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la franja fronteriza y de la región fronteriza del norte de México. La frontera norte es un atractivo para migrantes nacionales y extranjeros. Esta migración es un fenómeno natural que genera una demanda de empleo alta en la zona, acelera procesos de urbanización y propicia el crecimiento poblacional. Todo esto implica una reacción positiva en materia de política y presupuestal, como establecen los diputados en su exposición de motivos. Es necesario atender la situación específica de las zonas comentadas para mitigar y anticipar posibles problemas que impacten en el desarrollo económico y social.

Si bien es cierto que, una obligación de los mexicanos es contribuir para los gastos públicos de forma proporcional y equitativa según lo que dispongan las leyes, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también es necesario que las normas fiscales deben estar orientadas a que se fomente el crecimiento y desarrollo de empresas, aumentar la competitividad comercial, reducir a la evasión fiscal, y generar mejores condiciones económicas teniendo en cuanta las distintas circunstancias regionales con el fin de evitar la uniformidad de criterios en todas las regiones del país.

La franja fronteriza del Norte de México mantiene una dinámica económica distinta al resto del país, debido a la competencia directa con estados del sur de los Estados Unidos de América en los cuales, los impuestos al consumo rondan las tasas del 6 al 8%, mientras que en la franja y región fronteriza de México el impuesto al consumo es del 16%. Lo anterior pone en desventaja a los estados mexicanos y desincentiva las actividades comerciales y productivas de la región.

Esta iniciativa busca coadyuvar al desarrollo social, productivo, comercial e industrial, de la región norte del país, proponiendo que en la franja y región fronteriza se reduzca el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un 8 %, y al Impuesto sobre la Renta (ISR) a un 20%. Cumpliendo con los principios de proporcionalidad y justicia partiendo de un esquema de principios tributarios diferenciado para los municipios fronterizos.

Fuente: Gaceta Parlamentaria Año XXI – Número 5106-III p.22-26
http://gaceta.diputados.gob.mx/

Lic. Alan Petz

Gloria Ponce de León & Hernández

Proponen autorizar a las asociaciones religiosas para recibir donativos deducibles

El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social busca reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir a las asociaciones religiosas entre las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles.

Históricamente las asociaciones religiosas han sido participes de las actividades asistenciales en México y, a través de los años, el marco legal que regula las distintas personas morales con fines asistenciales ha cambiado drásticamente. Desde la Conquista, con órdenes y grupos religiosos, pasando por las Leyes de Reforma cuando el gobierno liberal tomó una parte de las instituciones de beneficencia, generando la división entre asistencia pública y privada, hasta el sistema con el que contamos hoy en día.

Esta iniciativa se fundamenta en que las actividades asistenciales realizadas por las organizaciones o instituciones religiosas no difieren a las actividades realizadas por las asociaciones civiles sin embargo, únicamente las asociaciones civiles son consideradas para recibir donativos deducibles, no son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuentan diversas ventajas fiscales.

Lo anterior, se traduce en una desventaja operativa y económica con la que tienen que cargar las asociaciones religiosas para desempeñar estas actividades. La iniciativa busca lograr su autorización para recibir donativos deducibles teniendo en cuenta que el 29% de los alojamientos de asistencia social es sostenido por agrupaciones religiosas según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La iniciativa fue sometida a consideración el pasado 4 de septiembre de 2018.

Fuente: Gaceta Parlamentaria Año XXI – Número 5106-III p.20-22
http://gaceta.diputados.gob.mx/

Lic. Alan Petz

Gloria Ponce de León & Hernández

Proyecto de iniciativa de reforma para eliminar totalmente la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios en la gasolina

Derivado de las necesidades identificadas en la sociedad mexicana, el perjuicio monetario que les causa, y el enorme disgusto por la determinación de imponer tal gravamen, se pretenden eliminar los efectos negativos de la reforma fiscal aprobada en 2013, acerca de los “gasolinazos”, señalando que indiscutiblemente será necesaria la realización de consensos para poder aprobar el presente proyecto de iniciativa, buscando mitigar los efectos perjudiciales de tales decisiones, e intentando subsanar el daño ocasionado por el gobierno a la sociedad mexicana, es por lo cual, Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometieron a consideración una iniciativa con proyecto de decreto, misma que busca eliminar completamente la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en lo que respecta a la gasolina.

Es importante señalar que, desde finales de 2012, el precio promedio del petróleo, ha mantenido una racha a la baja hasta 2018, resultando en una disminución promedio de 54 por ciento, lo cual desafortunadamente no se ha reflejado en la baja de precio de los combustibles y mucho menos en el bolsillo de los mexicanos. Lo anterior contraviene la justificación del gobierno actual respecto al incremento de las gasolinas debido el alto precio internacional del petróleo.

Por lo mencionado previamente, lo que se pretende por parte de los Diputados del Partido Acción Nacional, es que se realicen las siguientes acciones en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:

  • Se derogue en su artículo 2º, respectivo al valor de los actos o actividades, y las tasas y cuotas correspondientes a estas, lo relativo al inciso marcado con la letra D) en su fracción I concerniente a los combustibles automotrices fósiles. Esto es, eliminar los 4.59 pesos por litro por la gasolina menor a 92 octanos, los 3.88 pesos por litro en cuanto a la gasolina mayor o igual a 92 octanos, y los 5.04 pesos por litro al Diésel.
  • Se eliminen dentro del mismo artículo 2º inciso H) relativo a combustibles fósiles, los numerales 3 y 5.

Del numeral 3 lo referente a gasolinas y gasavión y con ello el pago de 12.17 centavos por litro, y, de su numeral 5, sobre el Diesel y sus 14.76 centavos por litro.

  • Se derogue el artículo 2-A en su totalidad, debido a que establece acerca de las cuotas que deben ser aplicadas en la enajenación de gasolina y diésel en el territorio nacional, mismas que no serían aplicables en caso de ser aprobada la iniciativa de reforma en cuestión.

Debido a lo anterior, es necesaria una reforma al impuesto antes mencionado, en cuanto al tema de combustible, su eliminación sería lo ideal, ya que, al ponerlo en venta, su precio es realmente alto, en comparación con otros países, lo que nos deja en una situación de desventaja, haciéndonos poco competitivos.

 Lic. Alejandra Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

El diputado federal José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, sometió a consideración del pleno una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se busca adicionar la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducibilidad de colegiaturas.

En el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos sus niveles, que dicha educación proporcionada por el Estado deberá ser acorde a los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República determinados.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno saliente, se establece sobre “México con Educación de Calidad” planteando como objetivo impulsar un México que conlleve a la superación y el éxito de los niños y jóvenes, fomentando los valores cívicos, elevando la calidad de la enseñanza y promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación.

A la par de lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional, es necesario apoyar a las familias mexicanas, quienes con esfuerzo destinan gran parte de sus ingresos en la educación de sus hijos.

Debido a lo anterior, durante el Gobierno de en su entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa se promulgó por primera vez un decreto que otorgó un estímulo fiscal a las contribuyentes personas físicas con el objeto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta (ISR) pudieran disminuir los pagos efectuados por concepto de colegiaturas. Fue tal su éxito, que, desde su primera promulgación en 2011, han existido varias replicas vinculadas a estímulos fiscales, por el beneficio que brindan a las familias mexicanas con hijos estudiando en colegios privados debido a la falta de oferta educativa pública, necesaria en el país para impulsar el desarrollo nacional.

No obstante, es pertinente señalar algunas especificaciones:

  • La deducción tiene un límite;
  • Sólo se puede deducir hasta nivel Bachillerato o equivalente y;
  • El estímulo fiscal continúa siendo un decreto y no se ha incorporado a la Ley del impuesto Sobre la Renta.

En estos tres aspectos se presenta un problema, en cuanto al primer punto, debido a que desde el año 2011 el monto de deducibilidad no ha sido actualizado con base en inflación, mientras que en cuanto al segundo rompe con el principio de “equidad tributaria” y no genera garantías al contribuyente que puede pagar una educación privada. Finalmente, sobre el tercer punto, es necesario plasmar en la ley correspondiente, el incentivo fiscal con el objeto de garantizar la posibilidad de deducción sin que sea decisión del presidente en turno sobre su aplicación.

Por esta razón, la intención de la presente iniciativa es reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objeto de incorporar a dicha ley un estímulo que actualmente se encuentra como decreto presidencial, además de actualizar los montos de deducibilidad con base en la inflación y matriculado, así como, incorporar el nivel superior para que los contribuyentes en su carácter de personas físicas, tengan la posibilidad de hacer deducible dicho gasto y apoyar a su economía.

En suma, se reitera que la propuesta reside en incorporar a la Ley del Impuesto sobre la Renta la deducibilidad de colegiaturas, actualizar los montos de deducibilidad con base en criterios de inflación, incorporar a la educación superior como concepto de gasto deducible y mantener los topes como montos máximos de deducibilidad, siempre que se cumpla con los criterios o especificaciones correspondientes, y dentro de los montos autorizados, esto, con el propósito de no afectar los gastos fiscales de la federación.

 

Lic. Alejandra Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

 

 

Iniciativa para reducción del IEPS en los costos de venta de los combustibles fósiles

La iniciativa promovida el día 4 de septiembre por los diputados para adicionar un apartado del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios es con la finalidad de reducir el IEPS en los precios de la gasolina y diésel.

En la exposición de motivos se menciona varios puntos importantes sobre la situación actual del país en relación a la economía, así como al incremento de la población más pobre y vulnerable del país, por lo que se expone la necesidad de reducción de estos costos en la venta de estos hidrocarburo, ya que afecta directamente la economía de millones de familias mexicanas. Dicho incremento se atribuye a la Reforma Energética, ya que precisamente desde el 2013 la gasolina y el diésel han ido incrementando a un paso acelerado y constante.

La reforma energética generó gran apertura a la inversión privada directa en la actividad petrolera de exploración, extracción, refinación, importación y venta que previamente eran facultad exclusiva del Estado Mexicano, por lo que ha generado graves perjuicios a la población. La evidencia es indudable con la evolución de los precios, incrementado cada 2 años más de 3 pesos, pasando de $10.90 pesos por litro en gasolina Magna en enero del 2013, a $19.41 pesos en Agosto del presente año, por lo que el precio de combustibles casi se duplica en estos últimos 6 años. Es cierto que de los impuestos, el Estado y Gobierno obtiene gran parte de los recursos para ejercer su función en favor de la población, sin embargo, el impacto que tiene el IEPS en combustibles es alto.

El precio de venta al público de la gasolina está compuesto de la siguiente manera:

De lo anterior se puede observar que el precio de la gasolina está compuesto entre otros factores por los impuestos del IVA y el IEPS, los cuales en conjunto representan una carga fiscal del 36% teniendo un gran impacto en los combustibles.

Otro factor importante es la cifra de los millones de pobres en el país ha incrementado durante los últimos años, aumentando de 49.4 millones en 2008 a 53.4 millones en 2016, según datos del Coneval.

Adicionalmente, según el último reporte de PEMEX en 2017, el 71.58 % de la gasolina utilizada por los mexicanos fue importada, un gran porcentaje de estos barriles fueron provenientes de Estado Unidos. De igual manera en el mismo año, las ventas de gas natural fueron por 2 mil 623 millones de pies cúbicos diarios, el 67 % de dichas ventas representa el hidrocarburo importado a México para su comercialización.

Un golpe más para el bolsillo de los mexicanos fue respecto al Gas LP, debido su incremento del 40% según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), afectando a gran población de los mexicanos ya que el 75% de los hogares lo usan.

Es por lo anterior exposición de motivos del diputado promoverte, que la iniciativa prevé  la necesidad de un ajuste en el IEPS respecto a este sector, de manera que favorezcan a los mexicanos para tener un mejor vivir, especialmente para los que menos tienen, reduciendo el precio de venta al público en los próximos 3 años deduciendo de la cuota del IEPS de combustibles de origen fósil un 25% en el 2019, un 50% en 2020 y un 75% en 2021, a reserva de que se generen condiciones para que la producción de gasolinas se incremente y por tanto se reduzca el precio base. Esta reducción no solamente beneficiaria directamente a los usuarios de automóviles,  si no también a los precios de transporte público que utilizan diariamente millones de mexicanos, de igual manera beneficiaria a productos del cambio, bienes y servicios de primera necesidad.

Lic. Natalia Montoya Hernandez

Gloria Ponce de León & Hernandez

Disminución a los precios de la gasolina

Las diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, junto con el diputado Benjamín Robles Montoya, pertenecientes al Partido del Trabajo, el pasado 4 de septiembre de 2018 presentaron una iniciativa en la cual solicitan reformar el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Los diputados, con este proyecto, buscan eliminar los “gasolinazos” al detener los incrementos en los precios de las gasolinas dado que México es el país con el combustible más caro de Latinoamérica, costando alrededor de 20 pesos el litro.

La iniciativa pretende disminuir los precios de las gasolinas Magna, Premium y Diésel, y que se dé lugar a una discusión para un nuevo sistema tributario de hidrocarburos que favorezca a la economía de las familias mexicanas, ya que los diputados consideran que actualmente existe un régimen tributario desproporcionado que afecta los ingresos de la población.

Actualmente, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en su artículo 2º, Sección I, inciso D, establece las cuotas que se deben pagar por los combustibles automotrices siendo estas 4.59 pesos por litro para la gasolina menor a 92 octanos, 3.88 pesos por litro para la gasolina mayor o igual a 92 octanos, 5.04 pesos por litro para diésel, y 3.88 pesos por litro para combustibles no fósiles.

La propuesta que ofrecen los diputados es que se modifiquen estas cuotas para quedar de la siguiente manera: 1.15 pesos por litro para gasolina menor a 92 octanos disminuyendo 3.44 pesos, 0.97 pesos por litro para gasolina mayor o igual a 92 octanos disminuyendo 2.91 pesos, 1.26 pesos por litro para diésel disminuyendo 3.78 pesos, y 0.77 pesos por litro para combustibles no fósiles disminuyendo 3.11 pesos.

Dentro de la iniciativa, se retoman puntos presentados en una iniciativa ciudadana promovida en enero del 2017, la cual estaba respaldada con más de 300 mil firmas de ciudadanos mexicanos en la que se pretendía que se fijaran los precios de los combustibles en 10 pesos y como medio para lograr este fin, se solicitaba que se tomarán recursos de las Reservas Internacionales (en los casos necesarios).

Los diputados, adicionalmente, agregan datos que motivan su iniciativa y con los cuales buscan una resolución que promueva la disminución de los precios de los combustibles. Algunos de estos motivos son: el fracaso de la reforma energética, la existencia en México de 85 millones de mexicanos en pobreza a los cuales los aumentos de la gasolina afectan aún más en la economía familiar y el exceso de impuestos a pagar por los combustibles.

Como podemos observar, la disminución en las cuotas, si haría una diferencia significativa en el precio de los combustibles que impactarían positivamente en los bolsillos de los mexicanos, pero aún que no se aprobara esta iniciativa, debemos continuar creando un dialogo y promoviendo ideas e iniciativas que beneficien a la economía de los ciudadanos.

Lic. Ana Sofía Bohórquez

Gloria Ponce de León & Hernández

Iniciativa para tasa especial de IVA en zonas fronterizas del País

El pasado 4 de septiembre del 2018, se presentó la iniciativa para adicionar el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hoy en día se encuentra derogado. Dicho artículo ha sufrido diversos cambios desde la fecha en que entró en vigor, siendo derogado en 1991, adicionado en 1995, reformado en 2002, y 2009, y por último se derogó en 2013.

La iniciativa es en relación a la tasa que tiene actualmente el impuesto al valor agregado, el cual se traduce en la venta de bienes de consumo, representando un porcentaje del valor de una mercancía o servicio, mismo que deberá ser pagado por el consumidor al adquirir dicha mercancía o servicio.

El Impuesto al valor agregado entro en vigor en México el 1º de enero de 1980, sustituyendo a otros impuestos como los son el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), que tenían un efecto denominado “cascada”, en el cual, cada intermediario incrementaba el precio del bien con el ISIM, originando que se pagaran impuestos sobre impuestos, por lo que el ultimo consumidor pagaba todos los impuestos que los intermediarios incrementaban al producto inicial.

El IVA ha registrado diversos cambios conforme a pasado el tiempo, en 1983 incremento del 10 al 15%, surgiendo una tasa especial del 6% en la Zona fronteriza, derivado al potencial que esta región tiene para desarrollo, además de la situación especial de consumo que presenta, ya que los habitantes tienen una mayor posibilidad de trasladarse a otros países colindantes con México, con la finalidad de adquirir bienes de consumo diario, alterando los patrones de consumo interno en México, siendo Estados Unidos de América (EUA) el principal país al cual acuden los habitantes de esta región, ya que las tasas del impuesto al consumo en dicho país son de alrededor del 6 al 8%.

Posteriormente, en 1991 se propuso la desaparición del tratamiento diferencial para las franjas fronterizas y zonas libres del país por lo que se derogó el artículo 2 de la Ley, homologándose la tasa del IVA en todo el país. También hubo un cambio negativo en 1992, en donde la tasa del impuesto disminuyo al 10% teniendo un impacto negativo en la recaudación, por lo que el producto interno bruto (PIB) disminuyó de 2.8 % en 1991, a 2.2% en 1994.

En el año de 1995, se aumentó nuevamente la tasa general del IVA al 15% y se regresó a la tasa especial en las zonas fronterizas al 10%. Asimismo, se adicionó  un párrafo para definir lo que comprende la región fronteriza, siendo “… la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora…”.

En el 2009, la tasa general aumento a 16% y 11% en la zona fronteriza. Más adelante, en el 2013 la economía se desacelero con un crecimiento del PIB del 1.4%., en ese mismo año tuvo lugar la última reforma al artículo, representando un gran impacto negativo para las zonas fronterizas, cuando se aprobó el aumentar la tasa del impuesto al 16%, homologándose nuevamente con la tasa del resto del país. Esto llevo a que la competitividad de las empresas disminuyera en dichas zonas, un ejemplo fue el estado de Baja California en donde los bienes y servicios encarecieron hasta 25%, debido al aumento de los impuestos; otro ejemplo es el caso de California, en donde los bienes y servicios varían de 6.75 a 8.25%, mientras que en Baja California los mismos bienes y servicios pagan impuesto del 16%, llevando a los consumidores a trasladarse a los EUA para adquirir dichos bienes y servicios a un menor costo.

Es importante mencionar que las regiones fronterizas tienen gran potencial de convertirse en polos de desarrollo, por ejemplo, la frontera norte de México ha abierto el camino a la inversión extranjera y promueve la modernización industrial buscando participación en la economía internacional, por lo que en las últimas décadas ha tenido un mayor ingreso per cápita del país, creciendo a un ritmo mayor al promedio nacional. La gran participación de la frontera se debe principalmente al sector terciario cuyas principales ramas son la de comercio, restaurantes y hoteles; y en segundo lugar el sector secundario donde destaca la industria manufacturera y la construcción.

Es por lo anterior que la iniciativa va enfocada a promover el desarrollo económico local, promoviendo incidir aspectos específicos en la actividad local como lo son el empleo, la inversión en infraestructura, atracción de inversiones y promoción empresarial, de manera que buscan repercutir en el desarrollo económico local mediante mejores empleos, salarios y servicios.

Por lo que reconociendo la importante participación de la región fronteriza en el desarrollo económico del país, se propone el surgimiento nuevamente de una tasa diferencial del IVA en esta región, reduciéndola al 8% con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y social de esta región.

 

Lic. Natalia Montoya Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

Disposiciones de carácter general aplicables a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

Derivado que el pasado 09 de marzo del presente año fue publicada la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), con el motivo de regularizar y contar con una certeza jurídica a los servicios financieros que se presten a través de dichas instituciones, uno de los ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera del pasado junio de 2016, se encauzó en utilizar innovaciones tecnológicas para proveer servicios financieros y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 se prevé la estrategia relativa a la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis y diseminación de la información recibida, dentro de la cual se prevé, un mayor fortalecimiento en el marco jurídico del régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Con el surgimiento de nuevas tecnologías y modelos novedosos de negocios, con los cuales se prestan servicios financieros, coadyuvan a la creación de oportunidades de crecimiento y eficacia en el acceso de servicios y productos financieros, dando como resultado una inclusión financiera eficaz y la mejora de condiciones de competencia en el sistema financiero mexicano.

Ante este surgimiento, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) junto con otras autoridades competentes, consideraron necesario contar con una regulación adecuada que permita tener los elementos suficientes para evitar que las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) sirvan de medio comisivo para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, estas mismas autoridades, también creen necesario que la autoridad supervisora competente vigile el adecuado cumplimiento de las políticas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a las que están obligadas las nuevas ITF, con el fin de tomar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.

Por lo anterior, en base y al pleno cumplimiento del artículo 58 de la LRITF, era necesario emitir el marco normativo en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con le fin de establecer las mediadas y procedimientos mínimos que deben contar las ITF, así como cualquier persona moral constituida con la legislación mercantil mexicana, Entidades Financieras, otros sujetos supervisados por alguna Comisión Supervisora o por el mismo Banco De México (BANXCIO) o a las que se les autorice como Modelos Novedosos, inclusive las distintas a las ITF, deberán en todo momento observar que se eviten ser usadas como vehículos para la comisión de dichos ilícitos, así como para prevenir el uso indebido del sistema financiero a través de los nuevos servicios y productos de las innovaciones tecnológicas ofrecen al público en general.

Uno de los ejes y mecanismos de los cuales fueron asentadas las bases contempladas dentro de estas disposiciones, consiste en la implementación de políticas de identificación y conocimiento de los Clientes, de igual manera, que con los Usuarios con los que operan las ITF, constituyendo elementos fundamentales para la mitigación de riesgos para que estas no sean utilizadas como vehículos para la comisión de algún ilícito, sin dejar de reconocer la inmediatez de las operaciones a través de dichas tecnologías. En este mismo sentido, es necesario reconocer la posibilidad legal de llevar a cabo la política de identificación y conocimiento del Cliente (KYC) a través de medios digitales, pero asegurando su legitimación, conservación y autenticidad conforme a la normativa aplicable, permitiendo, tanto Entidades Financieras y sujetos obligados, tener la certeza suficiente para dar cumplimiento a dichas obligaciones, en relación a lo previamente mencionado, en estas disposiciones también son establecidas las funciones y obligaciones de aquellas estructuras, áreas o personal de las ITF, encargados de observar la correcta aplicación de las disposiciones con el estricto apego al derecho.

Como resultado de los párrafos antecesores, las autoridades buscan a través de estas disposiciones que las ITF elaboren, entre otros, un documento de políticas de identificación y conocimiento de sus Clientes (KYC), así como establecer políticas, criterios, medidas y procedimientos internos que les permitan identificar, conocer y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas en la materia, dichos documentos deberán ser entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con lo anterior, se pretende dar el cumplimiento adecuado a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el cual se señala que las ITF deben identificar, evaluar y tomar acciones para mitigar los riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a través de mecanismos de conocimiento de sus Clientes que sean acorde al riesgo que estos representan, estas disposiciones incluyen un título especial, donde es establecido el uso de una metodología para que las ITF puedan evaluar los riesgos en materia a los que se encuentren expuestas y aplicar mitigantes, a fin de evitar ser utilizadas para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Por otro lado, la información relacionado con las operaciones que realicen las ITF con sus Clientes, deberá ser conservada para la identificación de los mismos, los instrumentos jurídicos que acreditan la o las operaciones, así como los reporte generados por las operaciones que realicen con estos, y dependiendo de los avances tecnológicos con los que operan, podrán realizarlo a través de medios electrónicos o digitales, cumpliendo con los estándares que las disposiciones establecen para tal efecto, para que cuenten con la validez jurídica al momento de ser entregados a la autoridad acreditar la operación o servicios de que se trate. Siguiendo la misma línea de un adecuado control y monitoreo de las operaciones, las ITF deberán contar con un sistema automatizado que permita, entre otras cosas, identificar posibles operaciones inusuales en el comportamiento del Cliente, brindar un adecuado seguimiento a estas y mantener esquemas de seguridad de la información procesada, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esta misma.

Por la naturaleza de las ITF, pueden realizar operaciones y prestar servicios que involucren transferencias al extranjero o con Clientes extranjeros, resultó importante fortalecer el esquema de seguimiento e identificación de dichas operaciones y servicios, así como sus participantes, dicho esto, cualquier persona que intervenga en las operaciones realizadas debe coadyuvar al adecuado cumplimento de la normatividad, además deberán capacitar a su personal cuando menos una vez al año. Estas mismas instituciones serán sometidas a la evaluación de un auditor interno o un tercero independiente que mida la efectividad del cumplimiento de estas disposiciones, a fin de mantener las medidas de control suficientes para el cumplimiento de las obligaciones de las ITF. Asimismo, para el mejor cumplimiento de las obligaciones, se requiere la posibilidad legal del intercambio de información entre ITF, otras Entidades Financieras y sujetos obligados, así como la coordinación entre autoridades.

Debido a que el GAFI prevé garantizar las mediadas y regulación, correspondiendo a este mismo a mantenerlas actualizadas, a mediada que vayan surgiendo nuevas tecnologías, para que de este modo se puedan mitigar los riesgos asociados y entender el impacto a la integridad del sistema financiero tomando en cuenta las consecuencias de las vulnerabilidades y amenazas que pueden surgir de las innovaciones tecnológicas.

Algunas ITF pueden prestar el servicio de transmisión de dinero, se prevé la aplicación de las medidas mínimas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo cuando presten dichos servicios, ya sea, por cuenta propia o a través de la figura legal de comisionistas previstas en la ley especial.

Por último, cabe señalar que estas Disposiciones establecen las normas a seguir que las ITF deberán observar en todo momento en materia de prevención con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, acorde a los estándares internacionales establecidos por el GAFI, en base de lo anterior, es como pudo emerger la creación de una regulación mas clara, objetiva y consistente.

 

Para mayor información de las Disposiciones, puede consultar el siguiente link:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537449&fecha=10/09/2018

 

 

Lic. Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hernández

 

El Sistema Nacional Anticorrupción y su nuevo régimen de responsabilidades: Implicaciones para las empresas

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una instancia de coordinación entre autoridades federales y locales que busca combatir eficazmente la corrupción. El SNA realiza labores consistentes en el aumento de la transparencia y rendición de cuentas, para con ello, fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y de esa manera prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, mediante la elaboración e implementación de políticas anticorrupción.

El SNA requiere que se cuente con una política de integridad según el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Que debe contener:

  • Manual de organización y procedimiento de funciones y responsabilidades
  • Código de conducta y su introducción a los miembros de la organización
  • Sistemas de control, vigilancia y auditoría del cumplimiento
  • Sistemas de denuncia
  • Procesos disciplinarios y consecuencias de infringir las normas internas
  • Políticas de recursos humanos que busquen evitar la incorporación de elementos riesgosos
  • Mecanismos que aseguren la transparencia y la publicidad de sus intereses

Se sugiere a las empresas, que cuenten con un Oficial de Cumplimiento Normativo, quien deberá encargarse de identificar, asesorar, alertar, controlar y reportar los riesgos de incumplimiento de las políticas de integridad, así como los procedimientos para prevenir la corrupción, así mismo que requieran a sus proveedores y socios comerciales que cuenten con una práctica anticorrupción.

Acerca de la prevención en cuanto a la comisión de alguna conducta corrupta, es preciso prestar especial atención al personal que desempeña actividades clave, y debe tomarse en cuenta que la principal manera de detectar un delito económico, es mediante su gobierno corporativo.

Por lo cual, para el SNA, el tema de la autorregulación es uno de los puntos más relevantes para el sector privado, ya que mediante controles internos y un programa de integridad, se busca que las empresas desarrollen una cultura ética, planteando, además, una serie de retos para las autoridades responsables de investigar y sancionar las faltas administrativas, previendo la protección de los derechos humanos, garantizando una defensa adecuada y procedimientos más justos.

Entre las conductas calificadas como faltas administrativas graves por la LGRA, cuando estas se realicen con la finalidad de obtener un beneficio se contempla el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos cuando se encuentre impedido o inhabilitado para ello, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa o alterada, la colusión y el uso indebido de recursos públicos, las cuales pueden derivar en la comisión de algún delito por hechos de corrupción, como el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencia, el cohecho, el cohecho a servidores públicos extranjeros, el peculado, y el enriquecimiento ilícito. Por lo que, en caso de comprobarse la participación en una falta administrativa grave, se podrían originar sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, suspensión de actividades, disolución de la sociedad respectiva, y/o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública.

Son atenuantes en el tema de anticorrupción la colaboración que se preste al momento de la investigación realizada por parte de las autoridades, y que, al momento de la misma, la empresa cuente con una política de integridad que rija en su organización. Las autoridades contemplarán si cumple con estas dos acciones al momento de imponer las sanciones respectivas.

 

Gloria Ponce de León & Hernández

Lic. Alejandra Hernández