Por qué y Para qué una Ley de Protección de Datos Personales

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) tiene ya un tiempo en vigor en nuestro país y después de analizar su aplicación es mi percepción que todavía existe un gran desconocimiento respecto de la materia por parte de los particulares y existen muchas obligaciones que emanan de ella que los particulares no tienen conocimiento de su cumplimiento por el simple hecho del desconocimiento de la misma. Una pregunta recurrente entre profesionistas y empresas obligadas a su cumplimiento es ¿por qué y para qué fue expedida esta nueva ley?

Es común entre los particulares que al entrar en vigor una ley como esta sea percibida como un incremento a la carga regulatoria que existe sobre dicha empresa o profesionista, si bien en ocasiones se considera como carga yo difiero de esa perspectiva dado que una buena protección de datos personales y el cumplimiento de dicha ley puede beneficiar el negocio principal en el mundo interconectado que vivimos.

El derecho a la privacidad ya existía entre los de primera generación, que protegían la correspondencia cerrada, prohibían la intervención de comunicaciones y la privación de los documentos sin un mandato judicial. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología y su potencial para acumular y procesar la información personal motivó que a las organizaciones internacionales se ocuparon en analizar y resolver el tema de la protección de datos personales y los derechos a la privacidad, fue entonces cuando en nuestro país con el fin de estar en concordancia con las organizaciones internacionales en el año 2009 se reformó la Constitución Política, con el fin de regular la protección de datos personales y consagrar los derechos al acceso, rectificación y cancelación de los datos personales, así como a la oposición a su tratamiento.

El objetivo principal de la Ley es la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas

Ahora bien, la necesidad de regular la captación, aprovechamiento y flujo de la información personal es obvia en una era en la que los datos personales son un activo con el que se llevan a cabo acuerdos comerciales y sobre el que se edifican modelos de negocios, y en la que los medios para su procesamiento tienen cada vez mayor capacidad y menor costo. El reto de la ley es que dicha regulación sea efectiva para las personas cuyos datos buscan proteger, pero también eficiente, de manera que no obstaculicen el desarrollo de nuevos negocios.

En conclusión las reformas constitucionales y la creación de la Ley sobre la protección de datos personales obedece a tendencias internacionales en materia del derecho de la privacidad, pero también al sentido económico global de proteger los activos personales de las diferentes empresas o negocios y en nuestro país llego para quedarse y para ser cumplida por los particulares, por lo que considero que en lugar de ser visto su cumplimiento como una carga regulatoria debería ser visto como una inversión en el desarrollo del negocio, que generará confianza en el cliente, en los empleados y mejorará el negocio de la empresa.

No todos los gobiernos son malos: El Gobierno Corporativo.

México es un país de familias; la mayoría de las empresas, incluyendo los grandes conglomerados, son o empezaron como una empresa familiar. A lo largo de su crecimiento e internacionalización, se toparon con temas regulatorios y de transparencia en su operar que obstaculizaron y privaron a estas de posibles negocios.

Debido a esto es que se adoptaron mecanismos y medidas que precisamente sanaran esas áreas, lo que llevo a crear los esquemas de Gobierno Corporativo que están tan de moda ahora.

Pero a todo esto, ¿que conlleva el Gobierno Corporativo?

  • Cuando se trata de toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de la empresa y sus políticas corporativas: inversiones, fusiones y adquisiciones, nombramiento de ejecutivos, planes de sucesión.
  • Los mecanismos de controlsobre el correcto desempeño de la dirección ejecutiva y la implementación del plan estratégico
  • El cumplimiento normativo: el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que tanto la empresa, como sus directivos, empleados y terceros cumplen con el marco normativo aplicable.
  • Las relaciones entre los principales órganos de gobiernos de la compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos: consejo de administración, junta directivay accionistas.

La aplicación de un código de buen gobierno es la garantía para el crecimiento sostenible de la empresa en el medio y largo plazo, ya que ayuda a restablecer la confianza de los inversionistas, aumentar el acceso al crédito extranjero, atraer el talento y fomentar la imagen de marca.

Las normas de un buen gobierno corporativo pueden ser elementos clave para incrementar el valor bursátil de las empresas, reducir los costes de capital y ampliar las bases del mercado de capitales. Una buena y saludable estructura de gobierno creará las condiciones necesarias para la toma de decisiones estratégicas que funcione como palanca para el aumento de la competitividad y la generación de valor, potenciando de este modo el atractivo de la compañía en los mercados.

De igual forma, contará con la figura de un oficial de cumplimiento que lleve un control sobre el nivel de cumplimiento de la organización en línea con las principales recomendaciones de los mercados internacionales y las tendencias más avanzadas en la materia.

Las mejores prácticas en gobierno corporativo señalan que además de atender los intereses de los accionistas, manteniendo un diálogo permanente y eficaz y fomentando su participación activa en las decisiones de la empresa, un buen gobierno corporativo tiene que responder ante las expectativas del resto de grupos de interés, como son los clientes, proveedores y empleados, entre otros.

En Gloria Ponce de León & Hernández, sabemos de la importancia que nuestros clientes ponen en la facilidad y dinamismo con el que puedan hacer negocios, así como de siempre estar en línea con la regulación y leyes aplicables, pero más importante aún, tener la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento más baratas o adecuadas. Entendemos la necesidad de ofrecer confianza y resultados, así como innovación en las estructuras corporativas necesarias, siendo estos 3 elementos, la base de la filosofía de nuestra firma: “Innovación, Confianza y Resultados”

Puntos Esenciales para el cumplimiento de las Obligaciones Federales para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El funcionamiento y la aplicación de la Ley, representa un avance en la legislación mexicana, pero al mismo tiempo podría convertirse en una carga de trabajo para las empresas, o personas físicas con actividad empresarial que llevan a cabo actos de los que se estipulan como actividades vulnerables tal y como se menciona en el artículo 17 de la Ley; pues derivado de la entrada en vigor y cumplimiento de la ley dichos sectores deberán de dar cumplimiento a las obligaciones que se imponen.

El objetivo principal de la Ley es establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos, y de este modo acceder a información de las empresas y sus clientes que pueda facilitar y prevenir la comisión de delitos.

Para la autoridad administrativa existen actividades no financieras que se deben de catalogar como vulnerables y que deberán de cumplir con la obligación de recabar la información del cliente, así como de dar aviso de las operaciones de conformidad con los montos que estipula la ley. Estas actividades son entre otras juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, así como la de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte y tarjetas de prepago, Construcción y venta de inmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por prestadores de servicios profesionales.

La ley estipula dos obligaciones esenciales que deben de cumplir los sujetos obligados a esta y esas son la identificación de los clientes con quienes se lleven a cabo actividades vulnerables y la obligación de dar aviso al Servicio de Administración Tributaria de las actividades vulnerables cuando encuadren con las cantidades mencionadas en la ley.

Con el fin de efectuar una aplicación de la ley de manera favorable recomendamos seguir estos siguientes puntos y con ello cumplir con las obligaciones estipuladas por la misma y evitar las sanciones administrativas cuyos montos son elevados y podrían causar un perjuicio en la operación de las empresas.

I. Identifica si tu actividad comercial o el objeto comercial principal encuadra dentro de las actividades vulnerables estipuladas en el artículo 17 de la Ley;

II. Crea expedientes de los clientes o sujetos con los que lleves a cabo operaciones vulnerables con el fin de que mantengas la información detallada de la operación y así evitar sanciones administrativas al no presentar la información completa cuando la autoridad te lo solicite;

III. Revisa todas las transacciones comerciales que se realicen en efectivo, dado que la Ley establece topes de transacciones en efectivo de las actividades vulnerables;

IV. Mantén capacitado y certificado al personal involucrado en las operaciones de actividad vulnerable, actualizándose siempre con los lineamientos y obligaciones que dicta la ley y así evitar sanciones administrativas; y

V. Realiza auditorías externas de las operaciones vulnerables con el fin de que se detecten anomalías en la información y así prevenir sanciones administrativas.

El Toque de MIDAS – Cómo llevar tu Empresa a los Mercados de Capitales

México no se caracteriza por el uso intenso de su Bolsa de Valores, por lo general, el realizar actividades dentro de ésta es apreciado como un tabú por muchas empresas. Está situación surge de la percepción de complejidad y la férrea regulación aplicable a las actividades en cuestión, lo cual crea una falsa idea de la existencia de una altísima barrera para acceder a los beneficios de financiamiento e inversión que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ofrece a sus participantes.

Asimismo, los esquemas de empresa familiar no son atractivos para inversionistas privados o para muchas instituciones financieras. Para ofrecer mayor certeza de sus actividades, se le exige a este tipo de compañías que exista transparencia en su accionar, lo cual, no siempre se logra; mantener el control dentro de la familia es un riesgo que muchos inversionistas no están dispuestos a tomar. Debido a esto, y con el afán de crear un mercado más diverso y dinámico, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFI) ha creado un programa que busca la institucionalización de estas empresas, así como la incorporación de nuevos jugadores en el mercado.

El programa de Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria (Midas) busca definir y dirigir la estructuración y financiamiento de proyectos que contribuyan a la sustentabilidad ambiental, fomenten la creación de empleos, generen cadenas de valor en donde están establecidos y aquellos que requieran fuertes montos de inversión a largo plazo.

¿Cómo funciona el programa? El primer paso es identificar el tipo de empresa y su tamaño. El programa está dirigido a empresas industriales, comerciales, y de servicios (excepto financieras), medianas y grandes, que buscan cambiar su administración de un modelo familiar a un modelo institucional.

Una vez identificado el giro del proyecto, NAFI, apoyado en algunos casos por otras instituciones financieras, otorgará financiamiento a las empresas con la finalidad de restructurarse corporativamente, estableciendo controles de gobierno corporativo, así como también proveerá recursos para la adquisición de activos fijos, capital de trabajo y la consolidación o restructuración de pasivos.

La finalidad del programa Midas es instaurar prácticas de gobierno corporativo y mejorar las finanzas de la empresa, para qué en un plazo no mayor de 5 años, ésta se encuentre en condiciones de emitir bonos de deuda o certificados de acciones, a través de la BMV, teniendo así nuevas opciones para financiar su operación y/o nuevos proyectos.

De manera enunciativa más no limitativa, podemos ver que algunos de los incentivos propios del programa son la disminución de tasa de interés en función del cumplimiento de los objetivos, así como del acompañamiento en el proceso de institucionalización.

En Gloria-Ponce de León y Hernández, buscamos que nuestros clientes tengan acceso a este tipo de programas mediante la revisión y restructuración de su esquema corporativo, de tal manera que se conviertan en sujetos de inversion más atractivos y seguros para inversionistas o, en su caso, para que fuentes alternas de financiamiento, como lo es el programa Midas, se conviertan en opciones realizables y viables de tal manera que las empresas puedan obtener los recursos necesarios para alcanzar el éxito.

De igual manera, la Firma es capaz de fungir como un puente entre el proyecto del cliente, o aquellos dispuestos a invertir en éste, y la institución financiera proveyendo certeza jurídica y sobrepasando los resultados esperados para todas las partes involucradas, siendo resultados y confianza, dos de los tres ejes fundamentales de nuestra Firma.

Ecos de Regulación en Fintech

El ecosistema financiero en México está en constante evolución y actualización. De cierta manera, podemos decir que son las instituciones bancarias las que están siempre a la vanguardia de la tecnología, ya se en cuestión de seguridad como el desarrollo de nuevas herramientas y servicios para los usuarios. Sin embargo, esta evolución no pudo ser posible sin la llegada de un grupo de pequeñas start-ups que han logrado acaparar la atención de estos titanes financieros. Estamos hablando precisamente de las FINTECH’s.

Mucho se ha escrito sobre ellas, de cómo buscan crear tecnologías innovadoras que sean del gusto y uso del usuario, así de como facilitar el acceso a financiamiento a proyectos que quizá los grandes bancos ni siquiera considerarían por su tamaño o nivel de riesgo. De aquí que uno de los temas más complejos de discusión regulatoria venga de un nicho en específico de las FINTECH: las “Fondeadoras”

De acuerdo a su esquema de negocio, estas Fondeadoras se pueden clasificar en 3 tipos: aquellas que ofrecen una participación en el proyecto, aquellas que ofrecen un interés sobre el monto de la inversión que se recuperara y las aquellas que ofrecen el producto terminado como premio a su inversión. Este último esquema es quizá el más común que difícilmente sería tema de una regulación muy extensa. Sin embargo, los primeros dos esquemas si presentan un tema un tanto delicado, ya que, para la autoridad, estas Fondeadoreas estaría funcionando como brokers o hasta casas de bolsa, al ofrecer activos muy similares a acciones o bonos de deuda.

Si bien existe un proyecto de regulación rondando, este no es aún público o se ha presentado ante comisiones de revisión o las propias cámaras legislativas, por lo esta columna debería tomarse como especulativa.

Si la autoridad competente (CNBV, SHCP, CONDUSEF) exigiera algún tipo de regulación, ¿cuál sería el inicio? Debemos recordar que uno de los ejes de estas autoridades, es la protección al usuario de servicios financieros, por lo que la idea de tener inversiones las cuales no cubren o no llegaran a cubrir parámetros mínimos de riesgo, podría causar algún tipo de daño al patrimonio de usuarios. Pero, ¿realmente sería necesario aplicar las mismas reglas rigurosas que acatan las casas de bolsa, a las Fondeadoras? Consideramos que esto sería un retroceso que estancaría y haría menos atractivo este método de fondeo a proyectos que muchos bancos pasarían por alto, ya sea por un tema de viabilidad o de riesgo. Si bien es cierto, que debe haber una protección al usuario, creemos viable que se establezca mejo run perfil de inversión. Es decir, así como aplica la banca a identificar perfiles de inversión (agresivo, medio, bajo), creemos que el identificar proyectos de alto riesgo y solo presentarlo a inversionistas agresivos, así como sus respectivas advertencias, debería ser mas que suficiente para poder mantener la flexibilidad de las Fondeadoras sin necesidad de convertirlas en híbridos o casa de bolsa formales.

Consideramos que el tema de los perfiles podría ser una buena herramienta que ayudaría a mitigar riesgo, así como proteger al usuario y a la misma Fondeadora de alguna contingencia.

En Gloria Ponce de León y Hernandez, hemos tomado especial interés en estos temas, ya que consideramos que las FINTECH representan una alternativa a las personas que carecen de un acceso real a los sistemas financieros tradicionales.

Las Reformas a la Ley de Aviación Civil

Las reformas publicadas en del Diario Oficial el pasado mes de junio respecto de los artículos 49, 50, 52, 62, 87, 2, 42, 47, 84 y 87 de la Ley de Aviación Civil han sido bastante publicitadas en medios de comunicación y redes sociales debido a los supuestos nuevos derechos con los que cuentan los usuarios de las aerolíneas a nivel nacional, sin embargo nadie ha dado a conocer las consecuencias reales que esto tiene para las aerolíneas.

Para comenzar, el gobierno debe entender que es vital que al emitir legislación para regular las actividades de las aerolíneas se debe cuidar exista un equilibrio entre proteger los derechos de los usuarios y los derechos de los prestadores de servicios aéreos, para que estos últimos no dejen de ser sostenibles.

No se trata de que no haya legislación que regule el servicio, sin embargo, esta debe ser apropiada y coordinada con otras a nivel internacional para brindarles confianza y libertad de volar a los usuarios de estos servicios, esto en lugar de aquellas legislaciones que “defienden” a los pasajeros, pero sólo producen una falta de verdadera competencia e innovación por parte de las aerolíneas.

Los legisladores y los usuarios deben de tomar en cuenta que el sistema de aviación es un sistema interdependiente, es decir, funciona en cadena, la cual está compuesta por las compañías aéreas, los aeropuertos, la gestión del tráfico aéreo, los gobiernos y los propios pasajeros, por lo que no todos los problemas que puede ocasionar un mal servicio por parte de una aerolínea son imputables a la misma, ya que estos se dan generalmente a consecuencia de factores como el clima, la infraestructura sobrecargada y el espacio aéreo apretado.

La mayoría de los gobiernos hoy en día, tal es el caso del de México, han incluido en sus regulaciones la obligación de las aerolíneas a pagar a sus usuarios indemnizaciones o proporcionarles asistencia en caso de retraso de sus vuelos, lo cual ha provocado en cifras de la IATA (Asociación del Transporte Aéreo Internacional) por sus siglas en inglés, que en 5 años (de 2012 a 2017) las aerolíneas hayan tenido que aumentar 8 mil millones sus gastos para poder cubrir estas regulaciones excesivas que se les han impuesto. Esto es importante porque no olvidemos que la prestación de servicios aéreos es un negocio, por lo que entre más inviertan las aerolíneas, más les costará a los usuarios poder acceder al servicio.

Otro de los derechos más publicitados de la reforma a la Ley de Aviación Civil Mexicana es el llamado “derecho de arrepentimiento”, el cual consiste en permitir a los pasajeros de un vuelo cancelar su boleto dentro de un periodo de 24 horas posteriores a su compra y obtener un reembolso completo del mismo, el cual si es bien analizado, puede traer a los consumidores más efectos dañinos que positivos, pues al ser el servicio aéreo un negocio, las aerolíneas no pueden perder y la forma que ellos tienen de protegerse de este derecho de arrepentimiento es la sobreventa de asientos durante el periodo que el usuario tiene para cancelar su boleto.

Además de resultar en un overbooking (sobreventa de boletos) este derecho de arrepentimiento acarreará un aumento a las tarifas de los vuelos, un detenimiento de las tarifas promocionales y menos satisfacción al cliente.

Finalmente, debemos considerar el trato discriminatorio que tanto la legislación mexicana como en todo el mundo se les da a las aerolíneas, pues ¿acaso también se les exige el reembolso o se las da un derecho de arrepentimiento a los usuarios de trenes o autobuses?, la respuesta es no y esto trae como consecuencia la distorsión del mercado y sobre toda la desventaja competitiva para este medio de transporte tan benéfica para la sociedad moderna, pues conecta de manera rápida pueblos y culturas, aportando además el 3.5% del PIB mundial.

Por todo lo anterior se cree necesario y urgente romper el reto al que las compañías aéreas se enfrentan día con día de lidiar con las legislaciones tan rigurosas de países como el nuestro, por lo que es un desafío clave el trabajar en conjunto organizaciones internacionales tales como la IATA y la ICAO, con los gobiernos a nivel mundial para estandarizar las regulaciones en esta área, dando así menos confusión a los usuarios y operaciones eficientes a las aerolíneas.