Publicación de la Circular 1/2019 emitida por el Banco de México, la cual modifica y actualiza la Circular 22/2017 referente al Código Global de Conducta

Durante el pasado lunes 14 de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la primera circular emitida por el Banco de México, la cual va dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Casas de Cambio y demás intermediarios que formen parte de Grupos Financieros, en relación a las modificaciones realizadas a las Circular 22/2017.

 Lo que pretende el Banco de México, es que se continué procurando el sano desarrollo del mercado de divisas en México y por lo mismo determinó a través de esta circular (1/2019) modificar los ejemplos aplicables al Principio 11 contenidos en el “Anexo 1 Ejemplos”, en el Anexo 1 de las “Reglas aplicables al informe de los participantes al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas”, contenidas en la Circular 22/2017, con el objetivo que sea ajustado el texto a los términos del Código Global de Conducta actualizado por el Comité Global del Mercado Cambiario, el cual tuvo sesión el pasado 27 de junio de 2018, en donde fue prevista dicha actualización.

El Principio 11 consiste, en que el Participante del Mercado únicamente deberá realizar Coberturas Anticipadas (Pre-Hedging) cuando actúe como Principal y deberá hacerlo de manera equitativa y transparente, con esto, se busca determinar y al mismo tiempo detectar los diferentes escenarios que se pueden suscitar, además de los criterios que se deberán de tomar para llevar una correcta práctica en las operaciones de divisas como se establece en el Código.

Derivado de lo anterior, el ejemplo que fue empleado y añadido al Principio 11, consiste en lo siguiente; un Cliente le solicita a un banco una postura de compra por 75 millones de USD/JPY, dicho banco revela al Cliente que actúa como Principal y que puede realizar Coberturas Anticipadas de las ordenes anticipadas del Cliente, el mismo banco después vende 150 millones de USD/JPY en el mercado fuera de sus operaciones ordinarias y antes de atender la postura de compra solicitada y con la intención de tomar ventaja de la información de la solicitud del mismo Cliente, el banco queda beneficiado, aprovechándose en cierta manera del precio de mercado que en ese momento se encuentra potencialmente más bajo.

En virtud del ejemplo utilizado, el criterio que se debe tomar, es como las Coberturas Anticipadas tienen la intención del manejo de riesgo asociado a las ordenes anticipadas de los Clientes y son diseñadas para beneficiar al Cliente, los Participantes del Mercado en todo caso solo deberán realizar Coberturas Anticipadas con las ordenes de Clientes cuando actúen como Principal. En otras palabras, existe un mal praxis por parte del banco, debido a que el monto que se vendió intencionalmente como parte de la Cobertura Anticipada no era proporcional al riesgo inherente a la operación anticipada y denota una negativa para beneficiar al Cliente, claramente el ejemplo empleado, muestra que el banco actuó con toda la intención de tomar ventaja sobre la solicitud de operación del Cliente para propio beneficio y poniendo en clara desventaja al propio Cliente. También se destaca que el Participante del Mercado debe considerar las condiciones para prevalecer en el mercado tomando en cuenta el tamaño y la naturaleza de la operación anticipada al evaluar si efectivamente se realiza una Cobertura Anticipada respecto a dicha operación.

Definitivamente, derivado a esta actualización se pretende cubrir todos los escenarios posibles en los que un banco o cualquier otra institución que maneje divisas pudiera incurrir en una mala práctica poniendo en desventaja o se aprovechara del Cliente en una de sus operaciones, por lo que, tanto los bancos como el resto de las instituciones deben tomar en cuenta esta actualización, para tener más claridad en sus operaciones con el Cliente además de esclarecer la forma en cómo se llevara cabo la operación, de igual manera, deberán de aplicar y acatar el resto del conjunto de principios globales de buenas practicas en el mercado cambiario con el fin común de contar con los lineamientos correctos para promover la integridad y el funcionamiento efectivo del mercado cambiario al mayoreo en el país.

Para mayor información sobre está Circular, puede consultar el siguiente link:

  • https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548041&fecha=14/01/2019

 

Lic. Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hernández

Estímulos Fiscales sobre adquisición de Bonos de Deuda

El día de ayer 8 de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la federación un decreto en el cual se acordó otorgar estímulos fiscales a los inversionistas de México y a los inversionistas residentes en el extranjero para que adquieran bonos de deuda. Lo anterior, derivado del tratamiento fiscal diferenciado con el cual se cuenta actualmente en México, ya que si bien, por un lado, exenta los ingresos por intereses que reciben los inversionistas extranjeros que invierten en bonos gubernamentales, pero, por otro lado, gravada los ingresos por intereses derivados de las emisiones privadas cuando son adquiridas por estos inversionistas.

Lo anterior, surge de la problemática que sufren actualmente las empresas mexicanas para solventar su proyecto, ya que enfrentan altos costos de fondeo para el financiamiento de los mismos. Es por esto que las empresas mexicanas tienen la necesidad de tener acceso a instrumentos de deuda con tasas y condiciones más competitivas, que les permita tener financiamientos a un menor costo al que actualmente enfrentan, y esto permitirá que se puedan generar más empleos y también de a lugar a un crecimiento económico.

La inserción de nuestro país en la economía global requiere de la confianza de los inversionistas extranjeros, lo cual sólo puede lograrse con un mercado financiero dinámico y eficiente, por lo cual es necesario establecer condiciones para fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros del país, eliminando las distorsiones, así como los elementos que obstaculizan el sano desarrollo de la economía. De esta manera, permitirá que el tratamiento fiscal diferenciado con el cual se cuenta actualmente en México cambie, ya que si bien, por un lado, exenta los ingresos por intereses que reciben los inversionistas extranjeros que invierten en bonos gubernamentales, sin embargo, por el otro lado gravada los ingresos por intereses derivados de las emisiones privadas cuando son adquiridas por estos inversionistas.

Actualmente ha crecido el interés de los inversionistas extranjeros en adquirir instrumentos de deuda emitidos por las empresas mexicanas, sin embargo, hay aspectos que han limitado dicha participación, en su mayoría por las retenciones impuestas a los residentes en el extranjero respecto a adquirir los bonos de deuda corporativa.

Los estímulos fiscales que se establecen en el decreto mencionado anteriormente son los siguientes:

  • Se otorga un estímulo fiscal a la residentes en México que deban efectuar la retención señalada en el artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) por los pagos que realicen por concepto de intereses provenientes de bonos emitidos por sociedades residentes en México colocados entre el gran público inversionista a través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores (LMV), consistente en un crédito fiscal equivalente al 100% del impuesto sobre la renta que se cause en los términos del citado artículo, el cual será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que deban enterar por la cantidad equivalente a la retención determinada de conformidad con el mismo precepto legal, siempre que las personas residentes en México no efectúen dicha retención al contribuyente residente en el extranjero.  En caso de que la persona sujeta a lo anterior no acredite el estímulo fiscal refiere en este párrafo, en el ejercicio fiscal de que se trate, perderá el derecho a hacerlo hasta por la cantidad del crédito fiscal generado por la operación de que se trate.

Adicionalmente, el mencionado decreto indica que este estímulo fiscal únicamente procederá respecto de los pagos de intereses que realicen las personas residentes en México a un residente en un país o jurisdicción con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición o un acuerdo amplio de intercambio de información.

  • Asimismo, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas residentes en México y personas físicas y morales residentes en el extranjero, durante los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, para efectos de los artículos 129 y 161, décimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en la aplicación de la tasa del 10% del impuesto sobre la renta a las ganancias obtenidas por dichos contribuyentes, derivadas de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México en las bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo segundo de dicho decreto.

Este estímulo se podrá otorgar a los contribuyentes a que se refiere el artículo tercero de dicho decreto.

Adicional a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en dicho decreto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá emitir las disposiciones de carácter general para la correcta aplicación del decreto, y una vez que estas sean emitidas será importante revisar las mismas con la finalidad de realizar la correcta aplicación de estos estímulos fiscales.

El decreto puede ser consultado en el siguiente link:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547758&fecha=08/01/2019

 

 

Lic. Natalia Montoya Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

 

 

Nueva metodología para la obtención de la Titularidad de las Acciones dentro de las S. A. y S. de R. L.

El pasado 14 de junio del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que entró en vigor el día de ayer 17 de diciembre del 2018, en dicho decreto se da a conocer la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Con esta reforma, tanto la sociedad anónima (S.A.), como la sociedad de responsabilidad limitada (S. de R.L.), siempre que lleven a cabo cualquier transmisión de acciones o partes sociales deberán realizar un aviso a través del Sistema Electrónico de la Secretaria de Economía, ya que solo de esta manera se considerara como titular de las acciones o partes sociales.

Durante el proceso para generar el aviso en el portal antes mencionado, se solicitaran datos personales tales como: el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, y será la Secretaria de Economía, la responsable de asegurarse que los datos proporcionados sean de manera confidencial, a excepción de los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas, cuando esta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación vigente.

Reiteramos que quieres pueden realizar las operaciones en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM), son:

  • Representante legal de la persona moral
  • Usuario Autorizado; (quien será dado de alta por el representante legal de la persona moral).
  • Servidores Públicos de la Secretaría;
  • Comisarios de la persona moral, bajo el supuesto establecido en la disposición Décima Segunda, y
  • Los socios o accionistas conforme el procedimiento establecido en la disposición Vigésima Primera.

Las personas mencionadas con anterioridad podrán realizar las operaciones de las sociedades mediante el uso de su firma electrónica avanzada, y son quienes figuraran como las responsables de la existencia y veracidad de la información que se captura y publica, por lo que responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar.

Por último, es importante mencionar que de dar cumplimiento a las legislaciones aplicables a la materia es indispensable, ya que su finalidad es evitar sanciones que las autoridades competentes pudieran imponer por la omisión de lo establecido por las leyes vigentes.

 

Lic. Giselle Villanueva

Gloria Ponce de León & Hernández.

Investigación de oficio por parte de la COFECE, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional

A punto de que se dispute la final de nuestro balompié nacional, la cual se llevara a cabo entre el equipo Cruz Azul dirigidos por Pedro Caixinha y el América de la mano de Miguel Herrera, hace algunas semanas los reflectores de la prensa nacional se dirigieron al inicio de la investigación de oficio por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores dentro del territorio nacional.

Derivado de diversa información pública, es como esta autoridad antimonopólica tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53° de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que al texto menciona lo siguiente:

“Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las siguientes:

  1. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados;
  2. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
  • Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;
  1. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y
  2. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, pudiere resultar.”

Por lo anterior, la COFECE cuenta con ciertas facultades consagradas en el artículo 12° fracción I, además cuenta con los elementos suficientes para el inicio de una investigación, contemplados dentro de los términos de los artículos 66°, 71°, 73° del mismo ordenamiento citado anteriormente (LFCE), los cuales consideran lo siguiente:

“Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley;

Artículo 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de 5la Procuraduría o a petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora.

Las solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría o la Procuraduría tendrán carácter preferente.

Artículo 71. Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva.

Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas.

El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio respectivo y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días.

Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la Autoridad Investigadora.

Artículo 73. La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del requerido como denunciado o tercero coadyuvante, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación, en donde se presuma que existen elementos para la debida integración de la investigación.

Las personas y las Autoridades Públicas tendrán un plazo de diez días para presentar los informes y documentos requeridos por la Autoridad Investigadora, que a petición de las personas y las Autoridades Públicas requeridas, podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por diez días más, si así lo amerita la complejidad o volumen de la información requerida.”

Como resultado de lo anterior, es como dio pie a la investigación de oficio (expediente IO-002-2018), con el objeto de determinar si se han actualizado o si se están o no actualizando las conductas previstas en los términos del articulo 53° de la LFCE, citado anteriormente, y en su caso, las demás conductas prohibidas por los ordenamientos anteriormente mencionados de las que tenga conocimiento la COFECE en virtud de la investigación.

Esto refiere únicamente al inicio de un procedimiento de investigación, de carácter meramente administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que en su caso podrían encuadrar en una violación a la LFCE, ni se esta determinando en definitiva el o los sujetos a quien o quienes, en su caso, se les deberán oír en defensa como probables responsables de una infracción a la misma.

Este procedimiento, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino más bien como una actuación de parte de la autoridad tendiente a la verificación del cumplimiento de la LFCE, por lo que solamente en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones da las mismas procederá al emplazamiento correspondiente como lo marcan los artículos 78° y 80° de la multicitada LFCE.

Tanto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como los equipos involucrados con este inicio de investigación por posibles actividades monopólicas, están dispuestos a cooperar con la autoridad para esclarecer los hechos por los cuales fueron sujetos a dicha investigación.

En el trasfondo de la investigación, se puede vislumbrar la erradicación del famoso “pacto de caballeros”, el cual a todas luces va en contra de los lineamientos marcados por la FIFA en el en el mercado de transferencias de jugadores, que va de la mano del tema contractual de los mismos jugadores, generando un gran repudio por este pacto. Es así como dio pie a que los jugadores profesionales se asociaran para salvaguardar sus derechos y naciera la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro).

Cualquier resultado que arroje la investigación, ya sea positiva o negativa, dependiendo de la óptica en que se analice, quedara como un antecedente en el futbol mexicano y será un parteaguas para que otras autoridades realicen no solamente investigaciones, sino que lleguen aplicar multas inclusive sanciones administrativas, por lo que la FMF y los equipos deben estar en total transparencia y trabajar en conjunto con dichas autoridades con tal de cumplir con los lineamientos marcados por la FIFA y no exista sanciones de las cuales podrían afectar el presente y futuro del balompié nacional.

Para mayor información sobre el aviso de investigación sobre la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de futbol en el territorio nacional por la Comisión Federal de Competencia Económica, puede consultar los siguientes links:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541051&fecha=16/10/2018

 

Lic. Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hernández

 

Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos de pago

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el actual Gobierno Federal estableció políticas públicas relacionadas a generar una integración formal en la economía mexicana, promoviendo la formalidad e incentivando el uso de recursos productivos para un desarrollo equitativo de oportunidades a todas las regiones, sectores y grupos de población en el país.

En atención con el compromiso del Gobierno Federal de continuar con el impulso a la competitividad del país y el desarrollo económico, se plantea promover el uso de medios electrónicos de pago, a fin de disminuir el uso de pagos en efectivo y generar condiciones que favorezcan la formalización de la economía.

Por lo anterior, para lograr llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos previos, el día de hoy se emitió decreto presidencial que concluirá el 31 de diciembre del 2019, en el que se establece que durante el período llamado “El Buen Fin”, que comprende los días del 16 al 19 de noviembre del 2018, se realizará un sorteo conforme a las bases que establezca el Servicio de Administración Tributaria, a efecto de premiar a los tarjetahabientes que, utilizando los medios electrónicos de pago, adquieran bienes o servicios en ese período. Asimismo, la suma total del monto a entregar como premio no podrá exceder la cantidad de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100). La entrega de los premios a los tarjetahabientes será realizada por el Gobierno Federal y se llevará a cabo a través de entidades financieras y comerciales.

Con el propósito de que los tarjetahabientes reciban el valor del premio sin retención alguna de impuestos, el Gobierno Federal será quien pague por cuenta del ganador del premio y del organizador del sorteo el monto correspondiente a los impuestos locales, permitiendo así, que las entidades financieras y comerciales reciban un estímulo fiscal acorde al monto que hayan entregado como premio a sus tarjetahabientes que resulten ganadores en el sorteo que lleve a cabo el Servicio de Administración Tributaria, por lo que permite pueda ser acreditado contra el impuesto sobre la renta propio o por retenciones a terceros del mismo impuesto.

Toda vez que las entidades financieras y comerciales se apeguen a las bases y condiciones de participación establecidas por el Servicio de Administración Tributaria, podrán acreditar el estímulo fiscal otorgado hasta agotarlo, a partir del mes siguiente en el que se realice la entrega de los premios a cada ganador.

Debido a ello, se exime a los beneficiarios de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. De este modo, el estímulo fiscal y el importe de premios no se considerarán ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta, por lo que la aplicación del mismo no dará lugar a devolución ni compensación.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de crédito

Con la finalidad de reducir costos así como para los efectos de contribuir a la eliminación de carga regulatoria tomando en cuenta los altos cotos que se derivan de ellos por el cumplimiento, es por esto que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite este tipo de disposiciones y establece criterios para llevar a cabo sanas practicas bancarias, por lo cual, abrogó la obligación de presentar la solicitud de autorización para la utilización de una metodología diversa para los trabajos de auditoria externa en términos de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general pero las que son aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de abril del 2018.

Por virtud de lo anterior, hubo múltiples cambios en las disposiciones, uno de los cambios destacados fue la reforma del artículo 1°, fracción CXLV, estableciendo la Razón del Apalancamiento como al resultado, expresado en porcentaje, de dividir el Capital Básico determinado conforme al articulo 2° Bis 6 de las mismas disposiciones, entre los Activos Ajustados de las Instituciones. ()

Adicionalmente, las instituciones deberán difundir al publico en general los formatos comprendidos en el Anexo 1-O Bis, así como de su pagina electrónica, la información relativa a la integración de sus principales fuentes de apalancamiento, una comparación entre activos totales y sus Activos Ajustados, una conciliación entre los activos entre los activos totales y la exposición dentro de su balance, su Razón de Apalancamiento y un análisis sobre las principales variaciones de la Razón de Apalancamiento. Dicha publicación deberá realizarse a mas tardar el ultimo día hábil del mes inmediato siguiente al del mes cuyas cifras se utilicen para su cálculo.

Otro aspecto a recalcar en está Resolución, es la adición de la Sección Tercera De la Razón de Apalancamiento, en su artículo 127° Bis 39 a, considera que las instituciones de banca múltiple deben realizar el cálculo de su Razón de Aplacamiento con cifras al cierre de cada mes calendario, sin consolidar a sus subsidiarias ni a las entidades de propósito especifico, considerando sus operaciones en territorio nacional, así como las operaciones que se lleven a cabo en sus sucursales en el extranjero. También se considera contrario a una san practica bancaria que las instituciones de banca múltiple mantengan una Razón de Apalancamiento menor al 3%, ya que este porcentaje se apartaría de los estándares internacionales del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, reflejando un nivel de activos que no estarían soportados por el capital, La comisión podrá determinar que alguna institución de banca múltiple efectué el calculo de la Razón de Apalancamiento, con mayor prioridad y en cualquier fecha, de igual manera podrá verificar el calculo de la Razón de Apalancamiento revelada por las instituciones y podrá solicitar los ajustes que considere necesarios para reportar adecuadamente el grado de apalancamiento de dichas instituciones.

Por otro lado, dentro del articulo 207°, en donde se establece la información que deben adjuntar y proporcionar a la Comisión, con la periodicidad correspondiente, es adicionada la serie 34 Razón de Apalancamiento, añadiendo el reporte A-3401 Calculo de la Razón de Apalancamiento, en el cual se establece que las instituciones requerirán de previa autorización de la CNBV para la apertura de nuevos conceptos o niveles que no se encuentren contemplados en las series que correspondan exclusivamente para el envío de información de las nuevas operaciones que les sean autorizadas al efecto por la Secretaria, en términos de la legislación relativa, para lo cual solicitarían la mencionada autorización mediante escrito libre dentro de los quince días hábiles siguientes a la autorización hecha por la Secretaria, la CNBV deberá notificar a través del SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) el mecanismo de registro y envío de la información correspondientes. La información relativa a la serie R34, deberá proporcionarse a mas tardar el ultimo día hábil del mes inmediato siguiente al del mes cuyas cifras se utilicen para el calculo de la Razón de Apalancamiento.

Por último y como se mencionó anteriormente, en la Resolución hacen mención del contenido de la información que deberán revelar en relación a la Razón de Apalancamiento, quedando de la siguiente manera: I. Integración de las principales fuentes de apalancamiento. II. Comparativo entre el activo total y los Activos Ajustados. III. Conciliación entre activo total y la exposición dentro del balance. IV. Análisis de las variaciones más importantes de los elementos (numerador y denominados) de la Razón de Apalancamiento. En todos los apartados anteriores las instituciones deberán, según sea el caso, revelar, presentar o explicar la información que sea requerida conforme a ciertas tablas que son anexadas a la Resolución para el cumplimiento adecuado del modo de revelación de dicha información.

Teniendo en cuento lo anterior, la CNBV denota un gran interés para la reducción de la carga regulatoria a través de sanas practicas bancarias, por lo cual a las instituciones de crédito beneficia en gran sentido esta Resolución, ya que esto podría significar un parteaguas para las instituciones, para que ciertas regulaciones no sean tan complejas y complicadas de cumplir, en cambio se tendrían mejores prácticas bancarias reforzando sanamente aspectos regulatorios en el Sistema Financiero Mexicano.

 

Para mayor información de la Resolución que modifica las Disposiciones, puede consultar en el siguiente link:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540128&fecha=05/10/2018

 

Lic. Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hérnandez

 

Consulta pública de anteproyectos relativos a la Ley Federal de Competencia Económica, para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión

El pasado 1° de octubre del presente año, se publicaron en el DOF extractos de los acuerdos donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determina someter a consulta pública dos anteproyectos, el primero para modificar las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), y el segundo anteproyecto para un guía del procedimiento de dispensa o reducción del importe de multas en investigaciones de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, ambos anteproyectos para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Las modificaciones del primer anteproyecto tienen como objetivo reglamentar el procedimiento de dispensa y reducción del importe de las multas en las investigaciones sobre prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, dicho procedimiento se encuentra en los artículos 100,101 y 102 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El anteproyecto pretende modificar la sección novena del Capítulo V de dichas disposiciones regulatorias, adicionando los artículos 124-A, 124-B, 124-C, 124-D, 124-E, 124-F, 124-G y 124-H, en donde se pretende incluir lo siguiente:

  • Indicar los requisitos que debe contener la solicitud presentado por el Agente Económico para acogerse al beneficio de dispensa o reducción del importe de las multas establecidas por la Ley como sanción por la comisión de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas;
  • Las actuaciones que puede realizar la Autoridad Investigadora y el solicitante durante su procedimiento,
  • El sentido de la resolución que puede emitir el Pleno del Instituto y los elementos que se pueden tomar en consideración para emitir la resolución, una vez analizando la opinión de la Autoridad Investigadora,
  • El plazo para realizar la notificación persamente al solicitante y al denunciante si lo hubiera;
  • Así como la conclusión o reanudación de la investigación, según el caso.

El segundo anteproyecto, es en relación a una guía que tiene como objetivo orientar al público en general sobre el procedimiento de dispensa o reducción del importe de multas en investigaciones de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente sobre la información y documentos adecuados para satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 100 de la LFCE. En dicha guía se identifican las conductas anticompetitivas que pueden ser objeto del beneficio de dispensa o reducción del importe de multas; los requisitos que debe cumplir el escrito de solicitud; las actuaciones que pueden realizar tanto la Autoridad Investigadora como el solicitante durante el procedimiento; el sentido de la resolución que puede emitir el Pleno del Instituto y los elementos que puede tomar en consideración para ello; la conclusión o reanudación de la investigación, según corresponda; la verificación del cumplimiento de los compromisos, así como lo relativo a la clasificación de la información presentada.

La consulta pública tiene por objeto transparentar y dar a conocer los Anteproyectos y su Análisis de Nulo Impacto Regulatorio, a efecto de que los interesados puedan tener un mayor entendimiento sobre sus medidas y términos propuestos por el Instituto y, a partir de ello, puedan formular sus comentarios, opiniones o aportaciones que permitan fortalecer dicha disposición en materia de competencia económica, así como para afinar con mayor precisión los posibles impactos que se desprendan a razón de su posible entrada en vigor.

Ambos proyectos se encuentran publicados en el Portal del Instituto http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas, y estarán en consulta pública  durante 30 días hábiles contados a partir del 2 de octubre hasta el al 12 de Noviembre, a efecto de que cualquier interesado presente sus opiniones y/o comentarios, y estos podrán ser presentados mediante un formulario electrónico que se puede encontrar en el portal de internet del Instituto, o bien mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del Instituto en la Ciudad de México.

 

Lic. Natalia Montoya Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

 

 

 

 

 

 

Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones actualiza el cuadro nacional de atribución de frecuencias

Dentro de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, contenidas en el artículo 15 inciso III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto deberá elaborar, publicar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución De Frecuencias (CNAF).

El CNAF es la disposición que indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentra atribuida una determinada banda de frecuencias del espectro radioeléctrico (espacio  que  permite  la  propagación,  sin  guía  artificial,  de  ondas electromagnéticas  cuyas  bandas  de  frecuencias  se  fijan  convencionalmente  por  debajo  de los 3,000 gigahertz), así como información adicional sobre el uso y planificación de determinadas bandas de frecuencias. En este sentido, la atribución de una banda de frecuencias constituye el acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación, conforme al propio CNAF.

En el artículo 56 de la misma Ley, se establece que para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico y para su uso y aprovechamiento eficiente, el Instituto deberá mantener actualizado el CNAF con  base  en el  interés  general, y deberá considerar  la evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente la de radiocomunicación y la reglamentación en materia de radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El principal instrumento de la UIT en materia de radiocomunicaciones que rige la utilización del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales a nivel mundial es el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). En este sentido, el RR vigente constituye el documento de referencia internacional en materia del uso del espectro radioeléctrico en las diferentes bandas de frecuencias para prestar servicios de radiocomunicaciones.

Es relevante mencionar que la UIT identificó en la pasada Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2015 la banda de 600 MHz (614-698 MHz) como propicia para el despliegue de las Telecomunicaciones móviles internacionales (International Mobile Telecommunications – IMT), lo que abre la posibilidad de contar con un segundo dividendo digital en el país, en el que se podrán prestar Servicios de Banda Ancha Móvil con tecnologías de quinta generación (5G).

Es por lo anteriormente mencionado que el Instituto se dio a la tarea de implementar una revisión del uso que se da en nuestro país de diversas bandas del espectro radioeléctrico, con el fin de definir una estrategia de planificación espectral en el corto y mediano plazo que permita que estas bandas de frecuencias sean propicias para la operación de múltiples tipos de aplicaciones. Lo anterior, permitirá enfrentar y atender el gran reto que representa satisfacer la creciente demanda de espectro generada por el constante cambio en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 15, fracción III y 56 de la Ley mencionados anteriomente, y de conformidad con la planeación del espectro, el Pleno del Instituto aprobó en su XXVII Sesión Ordinaria de fecha 5 de septiembre del 2018, la actualización del CNAF. Dicho acuerdo fue publicado el pasado 1° de Octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El CNAF actualizado puede ser consultado en el DOF http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5539626&fecha=01/10/2018, o bien directamente en la página del Instituto en el siguiente link http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/acuerdoactualizacioncnaf-2018.pdf#overlay-context=espectro-radioelectrico/normatividad.

Lic. Natalia Montoya Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

 

Iniciativa que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, a cargo del Diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del grupo parlamentario del PAN

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, sometió a consideración del pleno una iniciativa con proyecto de decreto en que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo el argumento que desde la aprobación de la reforma fiscal fue contraproducente para la inversión y el desarrollo económico, ya que amedrentó a los capitales nacionales y extranjeros en diversas ramas industriales y de servicios.

El partido en comento se ha opuesto reiteradamente a que se incremente la tasa del impuesto sobre la renta y  la eliminación de estímulos fiscales, ya que desde la reforma fiscal del 2013 se eliminaron incentivos fiscales que estimulaban a los patrones a otorgar prestaciones sociales adicionales a sus trabajadores, por lo que se ha insistido en revertir diferentes aspectos de dicha reforma y sobre todo permitir la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorguen los patrones a sus empleados.

En abril del 2014, el juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal otorgó un amparo a una empresa, al considerar que la fracción XXX del artículo 28 es inconstitucional, debido a que viola el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, toda vez que limita la deducción de erogaciones por remuneraciones otorgadas a los trabajadores que están total o parcialmente exentos del Impuesto sobre la Renta, acotando la deducción de hasta el 47 o el 53 por ciento, según sea el caso.

Asimismo, derogar la fracción XXX del articulo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contribuiría con el cumplimiento del objetivo 8 en materia de Desarrollo Sostenible que resalta la promoción de políticas orientadas al desarrollo y apoyo de la creación de empleo decente, emprendimiento, creatividad e innovación, así como también alentaría la oficialización y el crecimiento de micro-empresas, para que en 2030 se logre un empleo pleno y productivo que garantice un trabajo decente para todos los hombres y mujeres y la igualdad de remuneración.

Por la anterior exposición de motivos del diputado promovente, presenta el siguiente proyecto de decreto:

             Decreto que deroga la fracción XXX del articulo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

  1. a XXXIX. (…)

XXX. Se deroga.

XXXI. (…)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

 

Iniciativa para reformar los artículos 96 Y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

El diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, sometió a consideración del pleno una iniciativa con proyecto de decreto en que se reforman los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de eliminación de la tasa para personas de bajos ingresos.

En el Paquete Económico 2014 que, el presidente Enrique Peña Nieto envío mediante la miscelánea fiscal de dicho año, planteo una reforma hacendaria en la que prometía el bienestar de las familias mexicanas, pero la misma resulto en menoscabo para los trabajadores y sus familias, ya que se limitaron las deducciones de gasto, se redujeron las prestaciones sociales que las empresas otorgaban a sus trabajadores, se creó un régimen de declaración fiscal más rígido e inflexible y se crearon nuevos impuestos al consumo de la gasolina.

De manera que, el proyecto de iniciativa propone grabar con una tasa del 0%, a quienes ganen menos de 10 mil 300 pesos y obligar a las instancias correspondientes a que actualicen de forma anual las tasas de pago del impuesto conforme al nivel de ingresos.

Es decir, si el trabajador gana 8 mil 200 pesos, el gobierno otorgaría un subsidio al empleado a través de los patrones y en caso de que recibiese un aumento superior a los 2 mil 500 pesos, dejaría de ser beneficiado con el subsidio al empleado otorgado por la ley, pero, pagaría una cuota fija y un impuesto superior al que pagaba antes de su incremento salarial. Lo anterior provocaría la perdida del poder adquisitivo como resultado del mal diseño de la política fiscal en el cobro del ISR.

Es primordial señalar que la tasa de ISR para trabajadores formales promedio en países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú es de cero. Sólo en México se paga una tasa efectiva de aproximadamente 9%.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (“IMCO”), los beneficios de aprobar el proyecto de iniciativa, son los siguientes:

  1. Ayudaría a reducir la informalidad del país de 56 a 25%.
  2. Serían beneficiados 15.5 millones de trabajadores, lo que representa 74% del total de los asalariados inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por consecuencia, el impacto fiscal de la iniciativa es mínimo si se considera que el consumo futuro de los contribuyentes beneficiados compensará tal medida. El mismo IMCO señala que los trabajadores podrían ahorrar hasta un mes de salario con lo que podrían generar un consumo interno (IVA pagado por productos) de aproximadamente 57 mil millones de pesos y sus ahorros podrían significar 17 mil millones de pesos al año.

Los cambios a las tarifas de ISR mensual y anual que se proponen en la iniciativa están compuestos como se presentan en el siguiente cuadro comparativo elaborado por el diputado José Elías Lixa Abimerhi con información de la LISR:

Por lo anterior, de aprobarse esta medida fiscal, se apoyaría a los trabajadores del país ubicados en los niveles con menos ingresos.  Asimismo, el Poder Legislativo trabajaría exitosamente con lo que han hecho muchos países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2016.

 

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández