Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelanea Fiscal para 2018

Procedente de los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g)  del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el pasado 12 de febrero del 2019 se reformo la regla 3.16.11., adicionando la regla 2.1.6., con una fracción III, pasando la fracción III a ser IV, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

Misma establece que, desde el 01 de febrero de 2019 los accesos al inmueble ubicado en la calle Jose Luis Garizurieta, numero 40, colonia Centro, código postal 92800 en Tuxpan, Veracruz, se encuentran bloqueados, impidiendo el acceso a los expedientes físicos y electrónicos de los asuntos que se encuentran en proceso y a cargo de las Administraciones Desconcertadas de Servicios al Contribuyente, de Auditoria Fiscal, Jurídica y de Recaudación de Veracruz “5”, por causas de fuerza mayor, se verán imposibilitados de continuar con el ejercicio de sus facultades dentro de los plazos señalados en la fracción II, segundo, tercero y quinto párrafos de la regla 2.1.6., por lo que seguirán suspendidos hasta que la causa termine.

 A continuación, se presenta la adición a la regla 2.1.6., consistente en la fracción II y III.

II. Son días inhábiles para las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, de Auditoría Fiscal, Jurídica y de Recaudación del SAT de Veracruz “3” y Veracruz “5” del 7 al 31 de enero de 2019.

Para los efectos del artículo 46-A, segundo párrafo, fracción VI del CFF, en virtud de que los accesos a las instalaciones de las autoridades fiscales señaladas en el párrafo anterior fueron bloqueados por diversas personas, impidiendo el ejercicio de sus facultades, se suspenden los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de la contabilidad que, al 19 de diciembre de 2018, se encontraban iniciadas por las administraciones desconcentradas mencionadas en el párrafo anterior.

Asimismo, para los efectos de los artículos 17-H, último párrafo, 22, 41, 41-A, 48, 49, 50, 52, 52-A, 53, 53-A, 63, segundo párrafo, 67, 69-B, 69-B Bis, 69-D, segundo párrafo, 121, así como 91 de la Ley del ISR, en relación con el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con el artículo 5 del CFF, por los motivos señalados en el párrafo anterior, se suspenden los plazos contenidos en los citados preceptos legales que al 19 de diciembre de 2018 se encontraban transcurriendo en las administraciones desconcentradas señaladas en el primer párrafo de la presente fracción.

Las suspensiones a que se refiere esta fracción inician el 7 de enero de 2019 y terminan el 31 de enero del propio año.

En virtud de las suspensiones a que se refiere la presente regla, no correrán los plazos otorgados en los preceptos legales citados en la presente fracción para el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables solidaros o terceros con ellos relacionados, así como contadores públicos inscritos, con motivo de las facultades de comprobación ejercidas por las citadas autoridades que se encontrarán transcurriendo del 7 de enero de 2019 al 31 de enero del mismo año.

III.    Considerando que los accesos al inmueble ubicado en calle José Luis Garizurieta, número 40, colonia Centro, código postal 92800, Tuxpan, Veracruz, se encuentran bloqueados por factores externos no atribuibles a la autoridad fiscal, desde el día 1 de febrero de 2019, impidiendo el acceso a los expedientes físicos y electrónicos de los asuntos que se encuentran en proceso y a cargo de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, de Auditoría Fiscal, Jurídica y de Recaudación de Veracruz “5”, causa de fuerza mayor que hace imposible, material y jurídicamente, continuar con el ejercicio de sus facultades, los plazos a que se refiere la fracción II, segundo, tercero y quinto párrafos de esta regla, seguirán suspendidos respecto de dichas administraciones desconcentradas, desde el 1 de febrero de 2019, hasta que la causa que dio origen desaparezca.

 

                Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

SAT pone a disposición la “Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2019”

Derivado de la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedida el 11 de diciembre del 2013, se estableció que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá otorgar facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del sector primario, así como a los de autotransporte terrestre de carga federal, foráneo de pasaje y turismo, toda vez, que la Ley del Impuesto sobre la Renta instituye un esquema de base de efectivo, aplicable a los sectores de contribuyentes del sector primario y de autotransporte terrestre de carga y de pasajeros.

Por lo que, el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en las facultades que le fueron conferidas por el Congreso de la Unión, consideró otorgar para el ejercicio fiscal del 2019 a los referidos sectores contribuyentes, las facilidades administrativas y de comprobación, a fin de que cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales.

Contenido en cuatro títulos, el Servicio de Administración Tributaria pone a disposición la “Resolución de Facilidades Administrativas para los Sectores de Contribuyentes que en la misma se señalan para 2019”, misma que va dirigida para el sector primario (refiriéndose específicamente a actividades ganaderas, pesqueras, silvícolas y trabajadores eventuales del campo), sector de autotransporte terrestre de carga federal (operadores, macheteros, maniobristas y empresas dedicadas al autotransporte terrestre de carga), sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo (operadores, cobradores, mecánicos y maestros) y sector de autotransporte de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano (bajo el régimen fiscal de coordinados).

Misma que provee, las facilidades de comprobación para cada sector, retenciones del ISR, acreditamiento de estímulos fiscales, adquisición de combustibles, entre otros.

Dicha resolución estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, siendo aplicable para todo el ejercicio fiscal del año.

De esta manera, el Servicio de Administración Tributaria publicará folletos y llevara a cabo talleres, con el objetivo de que mencionados contribuyentes conozcan sus obligaciones fiscales y la forma adecuada para cumplirlas.

 

La resolución puede ser consultada en el siguiente link:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550801&fecha=21/02/2019

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

Se publica extracto de la solicitud de Declaración General de Protección de la denominación de origen “Raicilla”

El pasado 12 de febrero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Extracto de la Solicitud de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “RAICILLA” presentada por el C. Luis Miguel Hernández Álvarez, en representación del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, A.C. mediante escritos recibidos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 20 y 27 de junio de 2017 y, 6 de agosto de 2018.

La solicitud se presenta con fundamento en la fracción II del artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente al momento de su presentación, por la asociación civil denominada: Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, A.C., en la cual se señala estar integrada por socios productores, envasadores y comercializadores de Raicilla, creada con el objeto de impulsar y promover la elaboración del plan de trabajo y la planeación estratégica de la Raicilla a corto, mediano y largo plazo; la elaboración de estudios, proyectos, programas integrales y convenios sustentables conjuntamente con productores, transformadores, comercializadores, universidades, centros de investigación, organismos privados y las dependencias de los tres niveles de Gobierno y entre sus objetivos se encuentra el impulsar los estudios y gestiones para la determinación de normas de calidad aplicables al producto y a la “Denominación de Origen”.

En el entendido de que la “Raicilla” es un líquido de aroma y sabor derivado de la especie de maguey empleado y del proceso de elaboración, diversificando sus cualidades por el tipo de suelo, topografía, clima, agua, productor (maestro raicillero), graduación alcohólica, levaduras, entre otros factores que definen el carácter y las sensaciones organolépticas producidas por cada Raicilla, y el a cual al ser un producto terminado es un liquido que de acuerdo a su tipo, es incoloro cuando se madura en vidrio o amarillento cuando se madura en recipientes de madera o cuando se aboca sin madurarlo.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo a la solicitud presentada, se transcribe una descripción detallada del producto, así como un breve resumen de las características de la Raicilla, o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, categorías, calidad, así como sus especificaciones fisicoquímicas, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, lugar o lugares de extradición y producción o elaboración del producto.

Derivado de ello, se establece que cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento.

Cabe mencionar que el extracto en mención no prejuzga ni constituye un pronunciamiento del Instituto sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada y se efectúa para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes, dentro de un plazo de dos meses, contado a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en los términos del artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente al momento de la presentación de la solicitud en mención.

Adicionalmente, el expediente con la documentación a que se refiere el presente extracto se encuentra disponible para su consulta en el archivo de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ubicado en Arenal No. 550, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, C.P. 16020, en un horario de atención al público de 8:45 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

El decreto puede ser consultado en el siguiente link:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550034&fecha=12/02/2019

Lic. Yuriria Mendoza Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

¿Existen prácticas monopólicas por parte del mercado de Autotransporte Federal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de la CDMX?

Como consecuencia de una denuncia presentada en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) radicada con el expediente DE-013-2018 sobre la presunta realización de conductas monopólicas, se dio inicio a una investigación dentro del mercado de “Autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y servicios relacionados” por parte de la Autoridad Investigadora de la COFECE quien es encargada de sustanciar, coordinar y supervisar la misma, y que resulta necesaria para recabar los elementos de la posible realización de prácticas anticompetitivas. El periodo de la investigación anteriormente mencionada comenzó a partir de la emisión del acuerdo de inicio publicado en el DOF, mismo que no podrá ser inferior a treinta ni podrá exceder de ciento veinte días y podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). La Autoridad Investigadora se encargará de turnar el expediente a la Dirección General de Investigaciones de Mercado quien tramitará lo encomendado, desahogará las pruebas, diligencias, audiencias y alegatos, realizará requerimientos de información y documentación, podrá realizar visitas de verificación, así como citar a declarar a quienes tengan relación con las investigaciones.

Dentro del primer periodo de investigación, la Autoridad Investigadora deberá publicar en el sitio web de la COFECE, un aviso que contenga los artículos de la LFCE posiblemente actualizados, el mercado que se encuentra en investigación, así como la nomenclatura del expediente, esto con la finalidad de que cualquier persona que tenga conocimiento pueda coadyuvar con la investigación.

Como resultado de la investigación, se podría proceder al cierre del expediente o a la elaboración de un Dictamen de Probable Responsabilidad (DPR) que contendrá la determinación de los actos que constituyen violaciones a la LFCE, así como los sujetos a quienes se establece como probables responsables de una infracción de la precitada LFCE, posterior a lo cual de actualizarse la contravención de la normatividad se procederá a presentar el DPR al Pleno para que resuelva y ordene lo conducente.

Para conocer más información sobre el aviso consulte la página: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550040&fecha=12/02/2019

 

Licenciada Alejandra Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

 

 

 

Anteproyecto que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las ITF

El pasado 7 de febrero se publico en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el anteproyecto para modificar las disposiciones de carácter general aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF).

El anteproyecto pretende que las ITF en especifico las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) mejoren la seguridad de la información que sus inversionistas comparten a través de las plataformas de las IFC, aplicaciones informáticas, paginas de internet y cualquier otro medio electrónico que utilicen.

El documento busca que el responsable de la Seguridad de la Información que compartan los Clientes será el Director General o Administrador Único en su caso, no importando que la tecnología que apliquen dichas instituciones sea propia de la ITC o sea provista a través de terceros, el responsable deberá procurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, así mismo se especifican los componentes que la infraestructura y equipos de cómputo que se deberán observar.

Otro aspecto importante que comprende la presente modificación es la de establecer las formas y periodicidad en las que las Instituciones deberán de compartir información relevante con sus inversionistas, misma que les ayude a identificar riesgos y consultar el comportamiento del pago del solicitante y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto a sus actividades y operaciones y la calidad con la que las están llevando a cabo.

La presente resolución se encuentra disponible para su consulta en el portal de la COFEMER, una vez concluida la etapa de consulta se procederá a su publicación el Diario Oficial de la Federación (DOF).

 

Licenciada María Galaviz Cardona

Gloria-Ponce de León & Hernández

Publicación de la Circular 1/2019 emitida por el Banco de México, la cual modifica y actualiza la Circular 22/2017 referente al Código Global de Conducta

Durante el pasado lunes 14 de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la primera circular emitida por el Banco de México, la cual va dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Casas de Cambio y demás intermediarios que formen parte de Grupos Financieros, en relación a las modificaciones realizadas a las Circular 22/2017.

 Lo que pretende el Banco de México, es que se continué procurando el sano desarrollo del mercado de divisas en México y por lo mismo determinó a través de esta circular (1/2019) modificar los ejemplos aplicables al Principio 11 contenidos en el “Anexo 1 Ejemplos”, en el Anexo 1 de las “Reglas aplicables al informe de los participantes al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas”, contenidas en la Circular 22/2017, con el objetivo que sea ajustado el texto a los términos del Código Global de Conducta actualizado por el Comité Global del Mercado Cambiario, el cual tuvo sesión el pasado 27 de junio de 2018, en donde fue prevista dicha actualización.

El Principio 11 consiste, en que el Participante del Mercado únicamente deberá realizar Coberturas Anticipadas (Pre-Hedging) cuando actúe como Principal y deberá hacerlo de manera equitativa y transparente, con esto, se busca determinar y al mismo tiempo detectar los diferentes escenarios que se pueden suscitar, además de los criterios que se deberán de tomar para llevar una correcta práctica en las operaciones de divisas como se establece en el Código.

Derivado de lo anterior, el ejemplo que fue empleado y añadido al Principio 11, consiste en lo siguiente; un Cliente le solicita a un banco una postura de compra por 75 millones de USD/JPY, dicho banco revela al Cliente que actúa como Principal y que puede realizar Coberturas Anticipadas de las ordenes anticipadas del Cliente, el mismo banco después vende 150 millones de USD/JPY en el mercado fuera de sus operaciones ordinarias y antes de atender la postura de compra solicitada y con la intención de tomar ventaja de la información de la solicitud del mismo Cliente, el banco queda beneficiado, aprovechándose en cierta manera del precio de mercado que en ese momento se encuentra potencialmente más bajo.

En virtud del ejemplo utilizado, el criterio que se debe tomar, es como las Coberturas Anticipadas tienen la intención del manejo de riesgo asociado a las ordenes anticipadas de los Clientes y son diseñadas para beneficiar al Cliente, los Participantes del Mercado en todo caso solo deberán realizar Coberturas Anticipadas con las ordenes de Clientes cuando actúen como Principal. En otras palabras, existe un mal praxis por parte del banco, debido a que el monto que se vendió intencionalmente como parte de la Cobertura Anticipada no era proporcional al riesgo inherente a la operación anticipada y denota una negativa para beneficiar al Cliente, claramente el ejemplo empleado, muestra que el banco actuó con toda la intención de tomar ventaja sobre la solicitud de operación del Cliente para propio beneficio y poniendo en clara desventaja al propio Cliente. También se destaca que el Participante del Mercado debe considerar las condiciones para prevalecer en el mercado tomando en cuenta el tamaño y la naturaleza de la operación anticipada al evaluar si efectivamente se realiza una Cobertura Anticipada respecto a dicha operación.

Definitivamente, derivado a esta actualización se pretende cubrir todos los escenarios posibles en los que un banco o cualquier otra institución que maneje divisas pudiera incurrir en una mala práctica poniendo en desventaja o se aprovechara del Cliente en una de sus operaciones, por lo que, tanto los bancos como el resto de las instituciones deben tomar en cuenta esta actualización, para tener más claridad en sus operaciones con el Cliente además de esclarecer la forma en cómo se llevara cabo la operación, de igual manera, deberán de aplicar y acatar el resto del conjunto de principios globales de buenas practicas en el mercado cambiario con el fin común de contar con los lineamientos correctos para promover la integridad y el funcionamiento efectivo del mercado cambiario al mayoreo en el país.

Para mayor información sobre está Circular, puede consultar el siguiente link:

  • https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548041&fecha=14/01/2019

 

Lic. Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hernández

Estímulos Fiscales sobre adquisición de Bonos de Deuda

El día de ayer 8 de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la federación un decreto en el cual se acordó otorgar estímulos fiscales a los inversionistas de México y a los inversionistas residentes en el extranjero para que adquieran bonos de deuda. Lo anterior, derivado del tratamiento fiscal diferenciado con el cual se cuenta actualmente en México, ya que si bien, por un lado, exenta los ingresos por intereses que reciben los inversionistas extranjeros que invierten en bonos gubernamentales, pero, por otro lado, gravada los ingresos por intereses derivados de las emisiones privadas cuando son adquiridas por estos inversionistas.

Lo anterior, surge de la problemática que sufren actualmente las empresas mexicanas para solventar su proyecto, ya que enfrentan altos costos de fondeo para el financiamiento de los mismos. Es por esto que las empresas mexicanas tienen la necesidad de tener acceso a instrumentos de deuda con tasas y condiciones más competitivas, que les permita tener financiamientos a un menor costo al que actualmente enfrentan, y esto permitirá que se puedan generar más empleos y también de a lugar a un crecimiento económico.

La inserción de nuestro país en la economía global requiere de la confianza de los inversionistas extranjeros, lo cual sólo puede lograrse con un mercado financiero dinámico y eficiente, por lo cual es necesario establecer condiciones para fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros del país, eliminando las distorsiones, así como los elementos que obstaculizan el sano desarrollo de la economía. De esta manera, permitirá que el tratamiento fiscal diferenciado con el cual se cuenta actualmente en México cambie, ya que si bien, por un lado, exenta los ingresos por intereses que reciben los inversionistas extranjeros que invierten en bonos gubernamentales, sin embargo, por el otro lado gravada los ingresos por intereses derivados de las emisiones privadas cuando son adquiridas por estos inversionistas.

Actualmente ha crecido el interés de los inversionistas extranjeros en adquirir instrumentos de deuda emitidos por las empresas mexicanas, sin embargo, hay aspectos que han limitado dicha participación, en su mayoría por las retenciones impuestas a los residentes en el extranjero respecto a adquirir los bonos de deuda corporativa.

Los estímulos fiscales que se establecen en el decreto mencionado anteriormente son los siguientes:

  • Se otorga un estímulo fiscal a la residentes en México que deban efectuar la retención señalada en el artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) por los pagos que realicen por concepto de intereses provenientes de bonos emitidos por sociedades residentes en México colocados entre el gran público inversionista a través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores (LMV), consistente en un crédito fiscal equivalente al 100% del impuesto sobre la renta que se cause en los términos del citado artículo, el cual será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que deban enterar por la cantidad equivalente a la retención determinada de conformidad con el mismo precepto legal, siempre que las personas residentes en México no efectúen dicha retención al contribuyente residente en el extranjero.  En caso de que la persona sujeta a lo anterior no acredite el estímulo fiscal refiere en este párrafo, en el ejercicio fiscal de que se trate, perderá el derecho a hacerlo hasta por la cantidad del crédito fiscal generado por la operación de que se trate.

Adicionalmente, el mencionado decreto indica que este estímulo fiscal únicamente procederá respecto de los pagos de intereses que realicen las personas residentes en México a un residente en un país o jurisdicción con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición o un acuerdo amplio de intercambio de información.

  • Asimismo, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas residentes en México y personas físicas y morales residentes en el extranjero, durante los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, para efectos de los artículos 129 y 161, décimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en la aplicación de la tasa del 10% del impuesto sobre la renta a las ganancias obtenidas por dichos contribuyentes, derivadas de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México en las bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo segundo de dicho decreto.

Este estímulo se podrá otorgar a los contribuyentes a que se refiere el artículo tercero de dicho decreto.

Adicional a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en dicho decreto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá emitir las disposiciones de carácter general para la correcta aplicación del decreto, y una vez que estas sean emitidas será importante revisar las mismas con la finalidad de realizar la correcta aplicación de estos estímulos fiscales.

El decreto puede ser consultado en el siguiente link:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547758&fecha=08/01/2019

 

 

Lic. Natalia Montoya Hernández

Gloria Ponce de León & Hernández

 

 

Nueva metodología para la obtención de la Titularidad de las Acciones dentro de las S. A. y S. de R. L.

El pasado 14 de junio del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que entró en vigor el día de ayer 17 de diciembre del 2018, en dicho decreto se da a conocer la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Con esta reforma, tanto la sociedad anónima (S.A.), como la sociedad de responsabilidad limitada (S. de R.L.), siempre que lleven a cabo cualquier transmisión de acciones o partes sociales deberán realizar un aviso a través del Sistema Electrónico de la Secretaria de Economía, ya que solo de esta manera se considerara como titular de las acciones o partes sociales.

Durante el proceso para generar el aviso en el portal antes mencionado, se solicitaran datos personales tales como: el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, y será la Secretaria de Economía, la responsable de asegurarse que los datos proporcionados sean de manera confidencial, a excepción de los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas, cuando esta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación vigente.

Reiteramos que quieres pueden realizar las operaciones en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM), son:

  • Representante legal de la persona moral
  • Usuario Autorizado; (quien será dado de alta por el representante legal de la persona moral).
  • Servidores Públicos de la Secretaría;
  • Comisarios de la persona moral, bajo el supuesto establecido en la disposición Décima Segunda, y
  • Los socios o accionistas conforme el procedimiento establecido en la disposición Vigésima Primera.

Las personas mencionadas con anterioridad podrán realizar las operaciones de las sociedades mediante el uso de su firma electrónica avanzada, y son quienes figuraran como las responsables de la existencia y veracidad de la información que se captura y publica, por lo que responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar.

Por último, es importante mencionar que de dar cumplimiento a las legislaciones aplicables a la materia es indispensable, ya que su finalidad es evitar sanciones que las autoridades competentes pudieran imponer por la omisión de lo establecido por las leyes vigentes.

 

Lic. Giselle Villanueva

Gloria Ponce de León & Hernández.

Investigación de oficio por parte de la COFECE, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional

A punto de que se dispute la final de nuestro balompié nacional, la cual se llevara a cabo entre el equipo Cruz Azul dirigidos por Pedro Caixinha y el América de la mano de Miguel Herrera, hace algunas semanas los reflectores de la prensa nacional se dirigieron al inicio de la investigación de oficio por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores dentro del territorio nacional.

Derivado de diversa información pública, es como esta autoridad antimonopólica tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53° de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que al texto menciona lo siguiente:

“Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las siguientes:

  1. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados;
  2. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
  • Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;
  1. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y
  2. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, pudiere resultar.”

Por lo anterior, la COFECE cuenta con ciertas facultades consagradas en el artículo 12° fracción I, además cuenta con los elementos suficientes para el inicio de una investigación, contemplados dentro de los términos de los artículos 66°, 71°, 73° del mismo ordenamiento citado anteriormente (LFCE), los cuales consideran lo siguiente:

“Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley;

Artículo 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de 5la Procuraduría o a petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora.

Las solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría o la Procuraduría tendrán carácter preferente.

Artículo 71. Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva.

Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas.

El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio respectivo y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días.

Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la Autoridad Investigadora.

Artículo 73. La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del requerido como denunciado o tercero coadyuvante, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación, en donde se presuma que existen elementos para la debida integración de la investigación.

Las personas y las Autoridades Públicas tendrán un plazo de diez días para presentar los informes y documentos requeridos por la Autoridad Investigadora, que a petición de las personas y las Autoridades Públicas requeridas, podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por diez días más, si así lo amerita la complejidad o volumen de la información requerida.”

Como resultado de lo anterior, es como dio pie a la investigación de oficio (expediente IO-002-2018), con el objeto de determinar si se han actualizado o si se están o no actualizando las conductas previstas en los términos del articulo 53° de la LFCE, citado anteriormente, y en su caso, las demás conductas prohibidas por los ordenamientos anteriormente mencionados de las que tenga conocimiento la COFECE en virtud de la investigación.

Esto refiere únicamente al inicio de un procedimiento de investigación, de carácter meramente administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que en su caso podrían encuadrar en una violación a la LFCE, ni se esta determinando en definitiva el o los sujetos a quien o quienes, en su caso, se les deberán oír en defensa como probables responsables de una infracción a la misma.

Este procedimiento, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino más bien como una actuación de parte de la autoridad tendiente a la verificación del cumplimiento de la LFCE, por lo que solamente en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones da las mismas procederá al emplazamiento correspondiente como lo marcan los artículos 78° y 80° de la multicitada LFCE.

Tanto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como los equipos involucrados con este inicio de investigación por posibles actividades monopólicas, están dispuestos a cooperar con la autoridad para esclarecer los hechos por los cuales fueron sujetos a dicha investigación.

En el trasfondo de la investigación, se puede vislumbrar la erradicación del famoso “pacto de caballeros”, el cual a todas luces va en contra de los lineamientos marcados por la FIFA en el en el mercado de transferencias de jugadores, que va de la mano del tema contractual de los mismos jugadores, generando un gran repudio por este pacto. Es así como dio pie a que los jugadores profesionales se asociaran para salvaguardar sus derechos y naciera la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro).

Cualquier resultado que arroje la investigación, ya sea positiva o negativa, dependiendo de la óptica en que se analice, quedara como un antecedente en el futbol mexicano y será un parteaguas para que otras autoridades realicen no solamente investigaciones, sino que lleguen aplicar multas inclusive sanciones administrativas, por lo que la FMF y los equipos deben estar en total transparencia y trabajar en conjunto con dichas autoridades con tal de cumplir con los lineamientos marcados por la FIFA y no exista sanciones de las cuales podrían afectar el presente y futuro del balompié nacional.

Para mayor información sobre el aviso de investigación sobre la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de futbol en el territorio nacional por la Comisión Federal de Competencia Económica, puede consultar los siguientes links:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541051&fecha=16/10/2018

 

Lic. Alejandro Armijo Jardines

Gloria Ponce de León & Hernández

 

Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos de pago

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el actual Gobierno Federal estableció políticas públicas relacionadas a generar una integración formal en la economía mexicana, promoviendo la formalidad e incentivando el uso de recursos productivos para un desarrollo equitativo de oportunidades a todas las regiones, sectores y grupos de población en el país.

En atención con el compromiso del Gobierno Federal de continuar con el impulso a la competitividad del país y el desarrollo económico, se plantea promover el uso de medios electrónicos de pago, a fin de disminuir el uso de pagos en efectivo y generar condiciones que favorezcan la formalización de la economía.

Por lo anterior, para lograr llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos previos, el día de hoy se emitió decreto presidencial que concluirá el 31 de diciembre del 2019, en el que se establece que durante el período llamado “El Buen Fin”, que comprende los días del 16 al 19 de noviembre del 2018, se realizará un sorteo conforme a las bases que establezca el Servicio de Administración Tributaria, a efecto de premiar a los tarjetahabientes que, utilizando los medios electrónicos de pago, adquieran bienes o servicios en ese período. Asimismo, la suma total del monto a entregar como premio no podrá exceder la cantidad de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100). La entrega de los premios a los tarjetahabientes será realizada por el Gobierno Federal y se llevará a cabo a través de entidades financieras y comerciales.

Con el propósito de que los tarjetahabientes reciban el valor del premio sin retención alguna de impuestos, el Gobierno Federal será quien pague por cuenta del ganador del premio y del organizador del sorteo el monto correspondiente a los impuestos locales, permitiendo así, que las entidades financieras y comerciales reciban un estímulo fiscal acorde al monto que hayan entregado como premio a sus tarjetahabientes que resulten ganadores en el sorteo que lleve a cabo el Servicio de Administración Tributaria, por lo que permite pueda ser acreditado contra el impuesto sobre la renta propio o por retenciones a terceros del mismo impuesto.

Toda vez que las entidades financieras y comerciales se apeguen a las bases y condiciones de participación establecidas por el Servicio de Administración Tributaria, podrán acreditar el estímulo fiscal otorgado hasta agotarlo, a partir del mes siguiente en el que se realice la entrega de los premios a cada ganador.

Debido a ello, se exime a los beneficiarios de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. De este modo, el estímulo fiscal y el importe de premios no se considerarán ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta, por lo que la aplicación del mismo no dará lugar a devolución ni compensación.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández