El Sistema Nacional Anticorrupción y su nuevo régimen de responsabilidades: Implicaciones para las empresas

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una instancia de coordinación entre autoridades federales y locales que busca combatir eficazmente la corrupción. El SNA realiza labores consistentes en el aumento de la transparencia y rendición de cuentas, para con ello, fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y de esa manera prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, mediante la elaboración e implementación de políticas anticorrupción.

El SNA requiere que se cuente con una política de integridad según el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Que debe contener:

  • Manual de organización y procedimiento de funciones y responsabilidades
  • Código de conducta y su introducción a los miembros de la organización
  • Sistemas de control, vigilancia y auditoría del cumplimiento
  • Sistemas de denuncia
  • Procesos disciplinarios y consecuencias de infringir las normas internas
  • Políticas de recursos humanos que busquen evitar la incorporación de elementos riesgosos
  • Mecanismos que aseguren la transparencia y la publicidad de sus intereses

Se sugiere a las empresas, que cuenten con un Oficial de Cumplimiento Normativo, quien deberá encargarse de identificar, asesorar, alertar, controlar y reportar los riesgos de incumplimiento de las políticas de integridad, así como los procedimientos para prevenir la corrupción, así mismo que requieran a sus proveedores y socios comerciales que cuenten con una práctica anticorrupción.

Acerca de la prevención en cuanto a la comisión de alguna conducta corrupta, es preciso prestar especial atención al personal que desempeña actividades clave, y debe tomarse en cuenta que la principal manera de detectar un delito económico, es mediante su gobierno corporativo.

Por lo cual, para el SNA, el tema de la autorregulación es uno de los puntos más relevantes para el sector privado, ya que mediante controles internos y un programa de integridad, se busca que las empresas desarrollen una cultura ética, planteando, además, una serie de retos para las autoridades responsables de investigar y sancionar las faltas administrativas, previendo la protección de los derechos humanos, garantizando una defensa adecuada y procedimientos más justos.

Entre las conductas calificadas como faltas administrativas graves por la LGRA, cuando estas se realicen con la finalidad de obtener un beneficio se contempla el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos cuando se encuentre impedido o inhabilitado para ello, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa o alterada, la colusión y el uso indebido de recursos públicos, las cuales pueden derivar en la comisión de algún delito por hechos de corrupción, como el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencia, el cohecho, el cohecho a servidores públicos extranjeros, el peculado, y el enriquecimiento ilícito. Por lo que, en caso de comprobarse la participación en una falta administrativa grave, se podrían originar sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, suspensión de actividades, disolución de la sociedad respectiva, y/o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública.

Son atenuantes en el tema de anticorrupción la colaboración que se preste al momento de la investigación realizada por parte de las autoridades, y que, al momento de la misma, la empresa cuente con una política de integridad que rija en su organización. Las autoridades contemplarán si cumple con estas dos acciones al momento de imponer las sanciones respectivas.

 

Gloria Ponce de León & Hernández

Lic. Alejandra Hernández

 

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