Actualmente el Senado de la República, a través de las Comisiones de Justicia, Salud, Estudios Legislativos y Seguridad Pública, está llevando a cabo el proceso de dictaminación de las diversas iniciativas que inciden en el tema de la regulación del uso del cannabis.
En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia determinó como inconstitucional una prohibición absoluta del uso recreativo del cannabis, lo cual hace imperativa la existencia de una regulación sobre el tema. Si bien el uso del cannabis, conlleva diversas modificaciones en normativa actual (Ley General de Salud, Código Penal Federal, entre otros) también implica la creación de nueva regulación para su uso, de ello deriva la creación de la Ley para la regulación del Cannabis (en adelante “Ley”), siendo ésta una de las iniciativas que se encuentra en dictaminación en el Senado.
Esta Ley regularía la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización para fines personales, científicos y comerciales, así como la aplicación de medidas de seguridad, control sanitario y sanciones relativas al cannabis y sus productos. Dicha Ley de igual forma establece que, considerando que se trata de una política pública y una actividad relativa al derecho a la salud, será necesario acatar los siguientes principios:
1. Trato digno y respetuoso de los derechos humanos
2. Accesibilidad
3. Asequibilidad
4. No discriminación
5. Acceso a la información
6. Protección de datos personales
La iniciativa de Ley de igual forma reconoce expresamente el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual implica la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo, por lo que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, lo anterior siempre y cuando nunca se afecte el ejercicio del derecho de terceros.
Es importante mencionar que, sobre los principios antes citados, las instituciones garantes del derecho a la salud deberán regir su funcionamiento, así como contar la posibilidad de cumplir los requisitos de sanidad, salubridad, autodeterminación de las personas, siempre reconociendo y protegiendo el derecho de adoptar sus propias decisiones relacionadas con el uso del cannabis.
Lic. Melissa Sánchez
Gloria Ponce de León & Hernández
