La desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a no contestar llamadas telefónicas o a estar desconectados de internet fuera de su jornada laboral, vacaciones, días de descanso, descanso obligatorio e incapacidad. Diferentes grupos de legisladores han presentado iniciativas respecto al teletrabajo al Congreso de la Unión como una vía para dar certidumbre a la modalidad del home office.

De acuerdo con la OCC Mundial, el home office ha sido valorado por los trabajadores, sin embargo, ha significado una mayor carga laboral para los mismos que afirman que su jornada laboral se ha extendido, trabajando entre 9 y 12 horas al día.

La regulación de teletrabajo ha sido acelerada con la pandemia y a pesar de que algunos países han avanzado en legislar esta modalidad, Latinoamérica no ha hecho avances significativos para promover el balance vida-trabajo de quienes laboran desde sus hogares.

España es uno de los países que ha impulsado el derecho a la desconexión digital, ya que en el articulo 88 de la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales establece:

            Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Formando así, parte de los primeros países junto con Francia en tener una legislación al respecto, misma que sirve de guía para diferentes países latinoamericanos como Argentina, que buscan una respuesta sólida frente a la nueva normalidad.

Tras el reconocimiento de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y el incremento del “consumo” digital, resulta preciso adoptar las medidas para garantizar la desconexión digital, con el derecho a no recibir llamadas, whatsapp, correos electrónicos o videoconferencias fuera del horario acordado. Estas acciones de formación y sensibilización sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas evitaran el riesgo de fatiga informática y sobre exceso de información.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

Derivado de la pandemia SARS -COVID 19, el área laboral ha ido teniendo diferentes cambios en nuestros hábitos cotidianos, es por eso que en el ámbito legal y los Tribunales De Justicia, han implementado diversos avances tecnológicos, para que las demandas o controversias se puedan a desarrollar  conforme a los nuevos lineamientos, donde diversos Tribunales de Justicia han desarrollados programas o sitios virtuales para poder presentar los escritos, demandas, y revisar expedientes.

Las audiencias de los distintos juzgados ya sea en materia Mercantil, Civil, Laboral etc., se puede llevar a cabo por vía remota a través de programas o software (meet Google, zoom) donde se realizar el desahogo de pruebas y otras diligencias que en una normalidad debieran estar presentes las partes, pero en estos casos lo harán vía remota, como lo son actor, demandado, juez o testigos.

Los medios digitales serán el nuevo futuro en la justicia, como ahora que tenemos ya actividades en línea y que la sociedad las está usando constantemente. Entonces, se deben reanudar las actividades con las medidas sanitarias indispensables para poder continuar sirviendo a la sociedad. Ahora bien, los juicios por Zoom o por videoconferencia podrían ayudar no solo a contener el virus, sino a hacer más ágil la impartición de justicia, pero también acarrea un enorme gasto para los Juzgados, que deberán de adecuarse para que se respete el principio de igualdad procesal.

Por lo antes descrito, la encomienda de los servidores públicos adscritos a los Juzgados, los gobernados, es la de apoyar a los esfuerzos para poder seguir que todos tengan el acceso a la justicia pronta y expedita, se respete como actividad esencial la impartición de justicia.

Lic. Arturo de la Peña

Gloria Ponce de León & Hernández

Para comenzar es necesario entender qué se entiende por datos personales:

Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. (Edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, número de seguridad social, CURP, entre otros.)

Datos personales sensibles: aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. (Origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.)

Cuando hablamos de transparencia, existen dos figuras importantes responsable y encargado.

La responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. En consecuencia, recolecta, almacena, utiliza, transmite, transfiere y suprime datos personales de personas con las cuales tiene o ha tenido algún tipo de relación, cualquiera que sea su naturaleza.

El encargado entonces, es la persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trae datos personales por cuenta del responsable.

Ahora bien, la protección de los datos personales para las organizaciones de la sociedad civil es de suma importancia ya que día a día se recibe información de personas en el ejercicio de sus actividades que es uno de los mayores activos de estas sociedades, pero al mismo tiempo esto las convierte en responsables del tratamiento de todos esos datos que se reciben.

La autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la protección de datos personales en México es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La regulación aplicable es la Ley Federal de Protección de Daos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su reglamento.

Las organizaciones de la sociedad civil deben conservar los datos personales que les sean suministrados bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, así como el respeto de los derechos de los titulares de las mismas.

Es necesario establecer cláusulas de confidencialidad y protección de datos personales en todos los contratos con clientes y con terceros en general. Asimismo, siempre se debe tomar en consideración que la información que se está recolectando es información realmente necesaria, adecuada y relevante para los fines para los cuales se está obteniendo.

Adicional, es necesario establecer políticas de protección de datos personales que tengan como propósito:

• Asegurar el cumplimiento de las normas.
• Que sean aplicables a todos los empleados y su cumplimiento sea obligatorio.
• Se establezcan consecuencias y sanciones legales en caso de su violación.
• Explicar cómo se tratan y protegen los datos personales obtenidos.
• Establecer procedimientos y lineamientos para los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.
• Establecer un área encargada de atender las solicitudes relacionadas.

El Aviso de Privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, a través del cual el responsable informa al titular sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. El aviso de privacidad tiene como propósito establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de los datos personales, a fin de que el titular pueda tomar decisiones informadas con relación a sus datos personales y mantenga el control y disposición de la información que le corresponde.

Toda persona que se considere responsable por tratar datos personales, sin importar la actividad que realice o si se trata de una persona física o moral, requiere elaborar y poner a disposición su aviso de privacidad.

De acuerdo con lo anterior, el aviso de privacidad se debe poner a disposición en los siguientes momentos y consecuentemente solicitar que el tercero firme de conformidad el aviso:

1. Previo a la obtención de los datos personales: cuando los datos personales se obtengan de manera directa o personal de su titular.
2. Al primer contacto con el titular: cuando los datos personales se obtengan de manera indirecta y el tratamiento para el cual serán utilizados involucre el contacto directo o personal con el titular.
3. Previo al aprovechamiento de los datos personales: cuando los datos personales se obtengan de manera indirecta, pero el tratamiento para el cual serán utilizados no requiere contacto personal o directo con el titular.

Distintas modalidades del Aviso de Privacidad:

Aviso de privacidad integral: Todos los elementos que se describen en la sección III del ABC del Aviso de Privacidad: http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/. Se utiliza cuando los datos se recaben de manera directa y presencialmente del titular.

Aviso de privacidad simplificado: (i) La identidad y domicilio del responsable; (ii) las finalidades del tratamiento, distinguiendo las que dieron origen y son necesarias para la relación jurídica entre el titular y el responsable, de las que no son; (iii) los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para finalidades secundarias o accesorias; (iv) los mecanismos para que el titular conozca el aviso de privacidad integral. Se utiliza cuando los datos se recaben de manera directa a través de medios electrónicos o vía telefónica del titular.

Aviso de privacidad corto: (i) La identidad y domicilio del responsable; (ii) las finalidades del tratamiento, sin que sea necesario distinguir las finalidades secundarias o accesorias; (ii) los mecanismos para que el titular conozca el aviso de privacidad integral. Se utiliza cuando el espacio utilizado para la obtención de datos personales sea mínimo o limitado.

En el caso de que se requiera, dejamos una liga de un generador de Avisos de Privacidad que tiene el INAI: https://generador-avisos-privacidad.inai.org.mx/

Los derechos de los titulares de los datos personales son los siguientes (ARCO):

• Acceso: derecho a obtener información sobre sus datos personales en posesión del responsable, así como información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento.
• Rectificación: podrán solicitar, en todo momento, que el responsable rectifique sus datos personales que resulten ser inexactos o incompletos.
• Cancelación: podrán solicitar, en todo momento, la cancelación de los datos personales cuando consideren que su tratamiento ya no es necesario o que no están siendo tratados conforme a los principios y deberes que establece la ley.
• Oposición: podrán en todo momento oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo cuando:
  • Exista causa legítima y su situación específica así lo requiera.
  • Manifiesten su oposición a fin de que no se lleve a cabo el tratamiento para fines específicos.

¿Qué se considera como vulneración de datos?

• La pérdida o destrucción no autorizada de datos personales.
• El robo, extravío o copia no autorizada de datos personales.
• El uso, acceso o tratamiento no autorizado de datos personales.
• El daño, alteración o modificación no autorizada de datos personales.

En caso de vulneración de datos, el responsable es quien debe informar a los titulares si existe una afectación de forma significativa a sus derechos patrimoniales o morales, así como las medidas, lineamientos y acciones internas que se llevarán a cabo.

¿Cuáles conductas podrían generar sanciones administrativas o incluso penales?

• No cumplir con alguna solicitud realizada por un titular.
• Cambiar la finalidad del tratamiento de datos personales.
• Transferir datos a terceros sin autorización del titular.
• Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales.
• Actuar con negligencia y/o dolo.
• Omitir el aviso de privacidad y tratar con datos personales.
• No cumplir con la confidencialidad al tratar los datos personales.

1. Sanciones administrativas:
2. Apercibimiento
3. Multas de 100 o 200 a 160,000 o 320,000 salarios mínimos vigentes.
4. En caso de reiteraciones puede sancionarse con multas adicionales o las sanciones se pueden incrementar hasta el doble.

• Sanciones penales:
• Prisión por 3 meses a 3 años a la persona que, estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucrar vulnere la seguridad de las bases de datos bajo su custodia.
•  Prisión de 6 meses a 5 años al que con la finalidad de lucrar trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.

Acciones que se deben tomar para evitar sanciones o bien, en caso de una vulneración de la base de datos personales se tenga un impacto positivo en la consideración de la autoridad que impondrá la sanción:

1. Contar con una política de protección de datos.
2. Entrenar en temas de protección de datos a sus empleados.
3. Contar con un aviso de privacidad que cumpla con las características del país en el que se recaban los datos.
4. Hacer auditorias internas de los procesos y políticas existentes para saber el nivel del cumplimiento en que la sociedad se encuentra.
5. Designar a una o bien, a un grupo de personas para que sean los encargados de salvaguardar la integridad de la información y verificar el correcto manejo de la misma.

Lic. María Fernanda Ortega

Gloria Ponce de León & Hernández

El Internet es la herramienta tecnológica más utilizada hoy en día y la mayor fuente de consulta de información, lo que ha causado que un gran número de actividades ilegales se realicen a través de este medio, al estar conectados a Internet, las personas están expuestas a un sinfín de actividades por parte de terceros sin tener autorización, ya que la mayoría de estos dispositivos electrónicos al estar conectados a Internet pueden realizar distintas actividades a través de ellos: operaciones bancarias, publicación de información a través de redes sociales, envío de correos electrónicos, entre muchas otras.

En México a partir de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia penal a nivel federal relacionada con delitos informáticos, la cual incluía dentro de su marco jurídico distintas figuras delictivas que protegen la información contenida en los sistemas y equipos de cómputo, sin embargo, este ordenamiento ha quedado superado debido al crecimiento del uso de las tecnologías de información.

Por lo que en Gloria Ponce de León & Hernández te presentamos los delitos informáticos sancionados por la ley:

Código Penal Federal

En el Código Penal Federal se encuentran previstos entre otros, los delitos de Revelación de Secretos, Acceso ilícito a equipos y sistemas de informática y los Delitos contra los Derechos de Autor.

El Delito de revelación de secretos se tipifica cuando en perjuicio de alguien, sin justa causa y sin consentimiento, se revele, divulgue o utilice algún secreto, comunicación, información o imágenes, que hayan sido conocidas o recibidas con motivo de un empleo, incluso por ser funcionario o empleado público.

Mientras que el de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, se tipifican como conductas que pueden considerarse como hacking informático; mismas que consisten en la modificación, destrucción, la provocación a perder, el conocer o copiar información que esté contenida en sistemas o equipos de informática protegidos.

Por otra parte, se dispone que constituye un delito contra los Derechos de Autor, la fabricación con fin de lucro de un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación; tipo penal que puede ser considerado como cracking informático.

Por su parte, el artículo 426 prevé que se constituyen como ilícitos en materia de Derechos de Autor, la fabricación, importación, venta o arrendamiento de dispositivos o sistemas que descifren señales satelitales cifradas.

Otro ordenamiento en el que se prevé la protección de bienes jurídicos, frente a la informática y sus avances, es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que establece sanciones que podrán ser aplicadas a quienes participen en la intervención de comunicaciones privadas y a quienes con motivo de su empleo, cargo o público, revelen o utilicen en forma indebida la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas

La Ley de Seguridad Nacional establece que los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la Seguridad Nacional, son Información gubernamental confidencial, es decir, que las autoridades, personal de las instancias de Seguridad Nacional y servidores públicos que laboren en las instancias que integren el Consejo Nacional de Seguridad Nacional o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, deben guardar secreto y confidencialidad respecto a la información que conozcan o tengan acceso.

En el ámbito financiero, el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito es quien regula y menciona los siguientes delitos, al que altere el medio de identificación electrónica y acceda a los equipos electromagnéticos del sistema bancario y a quien obtenga o use indebidamente la información sobre clientes u operaciones del sistema bancario, la Ley, prevé que serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los funcionarios o empleados de la institución de crédito alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito.

Código penal para el distrito Federal Distrito Federal (CDMX)

El artículo 336 del Nuevo Código Penal del Distrito Federal, relativo a la Producción, Impresión, Enajenación, Distribución, Alteración o Falsificación de Títulos al Portador, Documentos de Crédito Públicos o Vales de Canje, quien acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo quien adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos para sustraer la información contenida en la cinta o banda magnética de tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes o servicios o para disposición de efectivo, así como a quien posea o utilice la información sustraída, de esta forma ; y a quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté facultada

Por otra parte, el artículo 355 del Nuevo Código Penal, al funcionario electoral que altere, expida, sustituya, destruya o haga mal uso de documentos públicos electorales o archivos oficiales computarizados o relativos al registro de electores que corresponda.

Código Penal del Estado de Nuevo León

El artículo 242 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León,  relativo a la Falsificación de Títulos al Portador, Documentos de Crédito Público y relativos al Crédito,  como son la , alteración de tarjetas de crédito o de débito y la información contenida en éstas, esqueletos de cheque o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, la alteración de medios de identificación electrónica, que se acceda indebidamente a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras, también se prevé la imposición de penas, a quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de las instituciones

Por otra parte, en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, se equipara al robo y se castiga como tal, en términos del artículo 365, el apoderamiento material de los documentos que contengan datos de computadoras, o el aprovechamiento o utilización de dichos datos.

Por lo que respecta a los delitos por medios electrónicos, se castiga  a quien indebidamente aceda a un sistema de tratamiento o de transmisión automatizado de datos; quien indebidamente suprima o modifique datos contenidos o su el funcionamiento del sistema.

Lic. Javier Estrada

Gloria Ponce de León & Hernández

Actualmente el Senado de la República, a través de las Comisiones de Justicia, Salud, Estudios Legislativos y Seguridad Pública, está llevando a cabo el proceso de dictaminación de las diversas iniciativas que inciden en el tema de la regulación del uso del cannabis.

En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia determinó como inconstitucional una prohibición absoluta del uso recreativo del cannabis, lo cual hace imperativa la existencia de una regulación sobre el tema. Si bien el uso del cannabis, conlleva diversas modificaciones en normativa actual (Ley General de Salud, Código Penal Federal, entre otros) también implica la creación de nueva regulación para su uso, de ello deriva la creación de la Ley para la regulación del Cannabis (en adelante “Ley”), siendo ésta una de las iniciativas que se encuentra en dictaminación en el Senado.

Esta Ley regularía la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización para fines personales, científicos y comerciales, así como la aplicación de medidas de seguridad, control sanitario y sanciones relativas al cannabis y sus productos.  Dicha Ley de igual forma establece que, considerando que se trata de una política pública y una actividad relativa al derecho a la salud, será necesario acatar los siguientes principios:

1. Trato digno y respetuoso de los derechos humanos

2. Accesibilidad

3. Asequibilidad

4. No discriminación

5. Acceso a la información

6. Protección de datos personales

La iniciativa de Ley de igual forma reconoce expresamente el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual implica la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo, por lo que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, lo anterior siempre y cuando nunca se afecte el ejercicio del derecho de terceros.

Es importante mencionar que, sobre los principios antes citados, las instituciones garantes del derecho a la salud deberán regir su funcionamiento, así como contar la posibilidad de cumplir los requisitos de sanidad, salubridad, autodeterminación de las personas, siempre reconociendo y protegiendo el derecho de adoptar sus propias decisiones relacionadas con el uso del cannabis.

Lic. Melissa Sánchez

Gloria Ponce de León & Hernández

Para conocer la respuesta a esta pregunta primero necesitamos saber qué son, para qué sirven y cuáles son las Sociedades de Inversión en México.

Las Sociedades de Inversión en México, mejor conocidas como fondos, son instrumentos financieros que se encargan de reunir las inversiones de varias personas para tener acceso a portafolios de acciones que no serían posible de manera individual y se dividen en: (a) instrumentos de deuda, (b) de renta variable, (c) mercado de capitales, e (d) inversión de objeto limitado.

a) Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda sólo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida neta se asigne diariamente entre los accionistas. Representan bajo riesgo ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento.

b) Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda sólo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida neta se asigne diariamente entre los accionistas. Representan bajo riesgo ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento.

c) Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda sólo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida neta se asigne diariamente entre los accionistas. Representan bajo riesgo ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento.

d) Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda sólo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida neta se asigne diariamente entre los accionistas. Representan bajo riesgo ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento.

La rentabilidad de las Sociedades de Inversión se deriva directamente del rendimiento que proporcionen los títulos, valores o instrumentos financieros en los cuales tienen invertidos los recursos de sus accionistas. El rendimiento se determina por la diferencia entre los precios de compra y de venta de las acciones de la Sociedad en un período determinado.

Es importante estar consciente de algunas de las posibles desventajas de invertir en una Sociedad de Inversión:

• Posiblemente la Sociedad de Inversión no haga operaciones todos los días, de modo que tienes que adaptarte a las políticas de operación y horarios.
• Posiblemente la Sociedad de Inversión tenga límites de recompra diarios, de modo que no podrás retirar la totalidad de tu inversión de una sola vez.
• Tienes que elegir la Sociedad de Inversión con el perfil de cartera que se apegue más a tus preferencias de acuerdo a orientación, nivel de riesgo y rendimiento.

Las Sociedades de Inversión son el vehículo más utilizado para acceder a una diversificación más rentable de las inversiones. Pero la parte más importante es asesorarse y comparar opciones, un asesor especializado en el tema podrá realizar un análisis de sus necesidades y características además de sugerir los fondos, las combinaciones y las proporciones que potencializarán sus ahorros.

Lic. Tamara Martínez

Gloria Ponce de León & Hernández

La compraventa de acciones es una transacción comercial muy común dentro de las Sociedades Anónimas de Capital Variable, la principal manera de transmitirlas es por medio del endoso y entrega del título, sin perjuicio que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal de acuerdo al artículo 26 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Una herramienta sencilla para su transmisión es el Contrato de Compraventa de Acciones, cuya ventaja principal consiste en que no es necesario para formalizarlo el acudir ante notario público, sin embargo, el accionista interesado en vender sus acciones deberá revisar los estatutos sociales ya que, por lo general éstos disponen la celebración de una asamblea general de accionistas para considerar que efectivamente la transmisión de acciones se realizó, en caso contrario basta con el contrato.

En algunas ocasiones, los Estatutos establecen que la transmisión de acciones estará sujeta a la previa autorización del Consejo de Administración o Administrador Único, según el contrato social, de conformidad con el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; para este caso, la autorización deberá constar en el acta de la Junta del Consejo, o bien por escrito en que el administrador único apruebe la transmisión.

Es importante saber que el artículo 131 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, señala que, en caso de que la transmisión se efectúe a través de un medio distinto del endoso, constará en el título accionario la forma en la que aquélla se hizo.

Para la elaboración del Contrato de Compraventa de Acciones, son necesarios los siguientes documentos tanto del vendedor como del comprador: identificación oficial vigente, en caso de ser extranjero documento migratorio vigente, RFC y un comprobante de domicilio.

Si requieres mayor información sobre la revisión de Estatutos Sociales, forma de pago de las acciones, forma de endoso, celebración de Asambleas o del vendedor/comprador (due diligence) no dudes en contactarnos, contamos con un equipo de profesionales a tu servicio.

Lic. Carolina Áviles

Gloria Ponce de León & Hernández

El nuevo acuerdo que reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se mantuvo en operación desde el año de 1994, implicó un año de negociaciones entre los países de México, Estados Unidos de América y Canadá, concretando su validez el 30 de noviembre de 2018, durante el marco de la cumbre del G-20.

México, mediante el poder legislativo, fue el primero en aprobar el acuerdo, sin embargo, fue necesario que transcurrieran 19 meses para que los congresos de Estados Unidos y Canadá respondieran al respecto. El nuevo acuerdo contiene modificaciones en algunos sectores e incluye reglas que no se veían en el TLCAN.

Con el TLCAN, se exigía que un 62.5% de la producción de un automóvil ligero fuera hecha en alguno de los tres países para tener acceso a los aranceles preferenciales. A diferencia del T-MEC, en donde se elevó esta cifra a un 75%, generando cambios en las reglas de origen de la industria automotriz. Por lo que, bajo los nuevos términos, las empresas estadounidenses tendrán que adquirir una mayor cantidad de insumos a alguno de los tres países integrantes del acuerdo, dejando de lado la compra de autopartes fabricadas mayoritariamente en China y Corea.

En el sector farmacéutico, hubo un incremento en las barreras de acceso a los medicamentos genéricos, por lo cual, las farmacéuticas mexicanas tendrán una mayor protección en relación a la competencia que supone el ingreso de medicamentos genéricos. De esta forma, se mantendrá el precio final para los consumidores. Al priorizar a las empresas mexicanas de dicho sector, aquellas farmacéuticas estadounidenses que veían un nicho importante en México tendrán que replantear sus estrategias de venta.

Aunque no esta del todo claro cómo el nuevo tratado tomará acciones concretas respecto al anexo laboral, se contempla que los tres países se comprometan a implementar y cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, para México fue necesario modificar leyes laborales para incluir el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva, crear organismos independientes para el registro de las elecciones sindicales, entre otros.

Asimismo, el TLCAN, incluía disposiciones que otorgaban a las empresas estadounidenses que operan en México y Canadá, la oportunidad de impugnar cualquier decisión gubernamental en un tribunal internacional, un cambio de suma importancia, toda vez que la eliminación de esta opción en el T-MEC dispone a las empresas de Canadá y Estados Unidos a merced de los tribunales de México.

El nuevo acuerdo tendrá una vigencia de 16 años, pero se revisará cada 6 años. Si las partes deciden renovarlo, estará vigente por el mismo período, pero si surge un problema, se abrirá un plazo de 10 años para negociar una solución y si los tres países no llegasen a un acuerdo el T-MEC caducará.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

Cada Sociedad es una entidad jurídica con personalidad propia y patrimonio independiente. En las sociedades mercantiles se emiten títulos de propiedad de las mismas. Cada Acción tiene un valor monetario de una de las partes alícuotas del capital social de la sociedad.

Cada persona física o moral con la posesión de una o varias acciones dentro de la sociedad será denominada como un tenedor, mientras más acciones posea más influencia dentro de las votaciones de la sociedad tendrá. Los accionistas podrán ser mayoritarios o minoritarios. Las acciones suelen ser transferibles a personas dentro y fuera de las sociedades. Asimismo, las acciones generan retorno a su tenedor, en otras palabras, una retribución económica por las acciones que posee.

Existen varios tipos de acciones las cuales detallo a continuación:

a) Acciones ordinarias: Le dan al tenedor participación en las decisiones de la sociedad y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas.

b) Acciones preferentes: Tendrán una tasa de dividendos fija y con preferencia de pago encima de las comunes.

c) Acciones de voto limitado: El tenedor de dicha acción no tendrá derecho a voto dentro de la misma, solo tendrá reparto de utilidades o pérdidas.

d) Acciones en tesorería: No están suscritas en el momento de la constitución de la sociedad, pero del capital social emitido, solo se suscribe el mínimo legal.

Las acciones sirven para acreditar la calidad y los derechos de los accionistas de las sociedades mercantiles.

Por otro lado, un inversionista también podrá ser una persona física o moral que invierte su capital en adquirir títulos financieros con el objeto de obtener ganancias. El inversionista pone su dinero en el mercado financiero donde podrá comprar o vender acciones, bonos, contratos de futuros, divisas, materias primas, entre otras con el fin de capitalizarlo e generar ingresos de su inversión y/o acumular capital.

La diferencia entre un inversionista y un accionista es la manera en la que deciden invertir su capital donde el accionista tendrá decisiones sobre la sociedad y es dueño por parte de la misma y el inversionista no se involucra directamente con las decisiones de la sociedad.

Como puedes observar, existen algunas diferencias destacables entre las acciones preferentes y las acciones comunes. Por ello, a la hora de elegir en cuáles de ellas invertir, ten en cuenta las características de cada una y elige aquella que más se adapte a tus necesidades. 

Lic. Brenda González

Gloria Ponce de León & Hernández

Una de las características que distingue a Gloria Ponce de Léon & Hernández es nuestra metodología de trabajo. Desde nuestra fundación, implementamos una metodología de administración de proyectos para brindar mejores experiencias en la prestación de servicios legales. Por medio del “Legal Project Management” nuestro equipo de abogados analiza los asuntos planteados por los clientes y antes de comenzar a trabajar descomponemos el caso en etapas. Además, junto al cliente fijamos metas y objetivos a alcanzar por medio de tareas específicas asignadas a los diferentes miembros del equipo. Lo anterior facilita al cliente la administración, monitoreo y seguimiento del proyecto.

Servicios legales basados en la tecnología

GP&H brinda servicios legales de una forma diferente por medio de la adopción de la Tecnología Legal y la Automatización, nosotros consideramos a la tecnología como un aliado para aportar valor a las operaciones de nuestros clientes.

Estamos convencidos de que la industria legal necesita actualizarse para estar al corriente con el mercado moderno.

¿Qué herramienta usamos?

GPH& Suite, una plataforma en línea que facilita la administración, monitoreo y seguimiento de las tareas necesarias para conseguir los objetivos marcados en los proyectos legales. Cuenta con diferentes funcionalidades tales como control de usuarios, un drive donde podrán documentar y editar los archivos de forma segura, visualizar las tareas realizadas por los abogados y muchas más.

Lic. Alan Petz

Gloria Ponce de León & Hernández