Antes de comenzar, es importante entender que “LegalTech” es el uso de la tecnología para llevar a cabo la prestación de un servicio de especialización en materia jurídica. Dado el tiempo en el que vivimos y las circunstancias que nos han rodeado, el legaltech va tomando una fuerza muy necesaria. Para todos aquellos que nos dedicamos a la prestación de servicios profesionales en materia legal el avanzar junto con las circunstancias y adecuarnos a una nueva realidad es imprescindible. Acoplarnos a esta medida y acostumbrar al mercado a ver esta herramienta como algo no solo necesario, sino eficaz, es donde radica el principal reto de las Firmas Legales.

El punto a resaltar de las nuevas tecnologías parte desde la oportunidad que se tiene para poder interactuar y obtener resultados positivos en un tiempo más corto, así como la comunicación que existe entre el prestador del servicio jurídico y el consumidor final. A lo anterior se pudiera agregar el hecho de que el contacto físico basado en la nueva realidad no nos permite interactuar persona a persona como solía ser y es en beneficio de todos los involucrados el mantener la calidad, atención y servicio de excelencia que se busca, es por esto que a partir de las plataformas digitales se busca ofrecer una herramienta extra al ya completo servicio que antes se brindaba.

En Gloria Ponce de León & Hernández, hemos tomado el reto de actualizarnos constantemente para poder estar no solo al día en temas de interés general, sino preparados ante las situaciones actuales y nuevos retos que el mercado nos exige, por ejemplo, la actualización de nuestros sistemas para el contacto con nuestros clientes y el automatizar procesos manteniendo la calidad, orden y el compromiso previamente adquirido.

Es aquí donde el reto principal de Gloria Ponce de León & Hernández radica, el estar actualizados y preparados para el uso correcto de todas las herramientas a nuestro alcance con el fin de hacer la experiencia del cliente lo más cómoda y atenta posible.

Tomando en consideración todo lo anterior, ofrecemos distintas plataformas digitales de uso sencillo, con la intención de acercar a este mercado que se está expandiendo en gran escala los nuevos retos y exigencias que el sector nos demanda.

Una vez acoplados a más tecnologías y herramientas para aplicarse a nuestros servicios especializados en materia legal, ponemos a disposición de nuestros clientes, así como de todos aquellos interesados en colaborar con nosotros, nuestras plataformas digitales y herramientas que nos mantienen actualizados en el tema de LegalTech y que van de la mano con nuestros ideales, estándares de calidad y tiempos de respuesta.

El reto principal no radica en quien ofrece más herramientas para hacer de la experiencia del consumidor más placentera, sino en que los profesionales que ofrecen estas herramientas estén capacitados y acoplados por completo a todas las situaciones que pudieran presentarse.

Lo más importante para los prestadores de servicios legales, es el visualizar que, bajo las circunstancias globales de la actualidad, existen también nuevas oportunidades y nuevos mercados a los cuales podemos llegar y el acostumbrar a los clientes a también adoptar estas medidas como parte de una nueva forma para prestar el servicio, es un gran reto.

Al elegir a Gloria Ponce de León & Hernández estarás adquiriendo un valor agregado que parte desde la interacción continua por medios electrónicos, hasta la obtención de resultados en tus proyectos de manera rápida y de calidad.

Licenciado Antonio Quiroga

Gloria Ponce de León & Hernández

En esta etapa de cambio que se está viviendo en todo el mundo, ha ido transformado la forma en que se trabaja y se gestiona una Firma Legal. En este sentido, resulta esencial contar con una metodología clara que optimice recursos y eficientice el tiempo invertido en cualquier proyecto.

Es importante saber que es Legal Project Management (LPM), es la gestión de proyectos legales con la aplicación de herramientas y técnicas propias, en la prestación de servicios jurídicos por el International Institute of Legal Project Management (IILPM). El marco de trabajo del LPM tomó como modelo la metodología basada en fases y grupos de procesos del Project Management Institute. De esta manera, se logró organizar de forma práctica implementando todos los procesos aplicados para una correcta gestión de cualquier asunto legal.

El marco de trabajo explicado anteriormente, se divide en 4 fases:

1. Definición.
2. Planeación.
3. Entrega
4. Cierre

La parte número uno, se encarga de definir el tipo de asunto a tratar, las partes, la recopilación de requerimientos y, sobre todo, define objetivos, alcances, contingencias y restricciones.

Por su parte, en la etapa número dos, la planificación radica en la implementación del proyecto con los recursos, métricas de calidad, análisis, comunicaciones y estrategias de riesgo a llevar a cabo en caso de problemas durante el proyecto.

La fase número tres, define las tareas a entregar, el monitoreo y control del proyecto en general, así como la gestión de riesgos, problemas y cambios en la estrategia.

Finalmente, la fase número cuatro de cierre, precisa las lecciones aprendidas durante el proyecto, el archivo de la información, las lecciones aprendidas y la reasignación del equipo.

En Gloria Ponce de León & Hernández trabajamos todos nuestros proyectos de inicio a fin bajo la implementación del Legal Project Management, el cual genera un cambio en el paradigma de la gestión de las áreas legales, por lo que los beneficios a esta cultura organizacional son muy diversos, sin embargo, algunos de ellos que vale la pena mencionar son:

• La implementación tecnológica, toda vez que las herramientas legaltech son indispensables para utilizar efectivamente el LPM.
• La eficiencia y mejora continua de procesos, ya que la gestión efectiva del trabajo implica una mejora de sus procesos, permitiendo un seguimiento puntual a los recursos asignados a cada actividad y un permanente avance en las tareas de cada miembro del equipo.

Finalmente, gracias a esta metodología, la información se comparte de manera más rápida y eficiente con los clientes para que éstos conozcan en todo momento el estatus del proyecto, así como los archivos del mismo y el tiempo para su conclusión.

La clara definición de la gestión de proyectos legales es esencial para ofrecer a los clientes una experiencia de primera clase. Planificar los proyectos por avanzado, colaborar con otros abogados y completar todas las tareas de forma proactiva son parte de la oferta de nuestra firma.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

El concurso mercantil es el recurso legal al cual acuden las empresas para entablar negociaciones con sus acreedores cuando el peso de sus adeudos es tal que les es imposible seguir al corriente en todos los pagos conforme se van venciendo.  Si el juzgado admite el recurso el servicio a las deudas se suspende y el juez designa un visitador cuya función es administrar las operaciones de la empresa mientras esta negocia la reestructuración de los adeudos.

A raíz de la Pandemia Covid-19 se ha generado una crisis mundial además de salud financiera, siendo este el reto a vencer por el sector empresarial en el contexto nacional e internacional que permita mantenerse productivo.

En México el concurso mercantil representa una opción para que las empresas se mantengan a flote durante la crisis financiera que delimita sus recursos, también funciona como una figura Jurídica que ayuda a las empresas a no caer en diversos incumplimientos. Dicha estrategia implica firmar un contrato con el fin de llegar a un acuerdo con los acreedores, en este caso laborales y fiscales. Cada empresa debe realizar una revisión y determinar el tipo de acreedores y poder priorizar los pagos de acuerdo a lo establecido en la Ley de concursos Mercantiles.

Los acreedores se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a la Ley:

1. Acreedores singularmente privilegiados;
2. Acreedores con garantía real;
3. Acreedores con privilegio especial;
4. Acreedores comunes, y
5. Acreedores subordinados.

La ley también determina que los créditos laborales diferentes de los señalados en el artículo 224 y los créditos fiscales se pagarán después de que se hayan cubierto los créditos singularmente privilegiados y los créditos con garantía real, pero con antelación a los créditos con privilegio especial.

Pero también en materia laboral, los créditos referidos en el apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias son considerados créditos contra la Masa y serán pagados en el orden indicado inclusive con anterioridad a cualquiera de los que se refiere Ley de Concursos Mercantiles.

Por lo que respecta a la Materia Fiscal,  los créditos fiscales decretados al momento de solicitarse el concurso mercantil, la Ley de Concurso Mercantil menciona que mientras dure la etapa de conciliación los procedimientos de ejecución derivados del cobro de créditos fiscales y de seguridad social anteriores a la declaración de concurso mercantil serán suspendidos, aunque las actualizaciones se seguirán generando, las autoridades en este caso podrá seguir realizando las acciones necesarias para el aseguramiento de cobro pero de acuerdo a la LCM serán suspendidas las ejecuciones.

Ese es un procedimiento que conlleva diversos efectos legales, financieros y contables y permite una restructura financiera de la empresa.

Como se ha mencionado existen dos aspectos benéficos de este procedimiento:

1.- La suspensión del pago de adeudos contraídos en fecha anterior a la declaración de concurso mercantil de manera precautoria y:

2.- La suspensión de procedimientos ejecutados en contra de bienes y derechos de los comerciantes.

Por lo que podría ser una buena herramienta para ponerse al día con las obligaciones contraídas.

Lic. Javier Estrada

Gloria Ponce de León & Hernández

La implementación de la firma electrónica en México había tenido un crecimiento constante durante los últimos años debido a sus beneficios y practicidad para materializar operaciones de las empresas. La contingencia sanitaria obligó a muchas personas a adoptar la firma electrónica para evitar detener procesos vitales. Afortunadamente, la legislación mexicana reconoce el uso de firmas electrónicas para manifestar el consentimiento de las partes en la celebración de un contrato. Estas son algunas de las ventajas de la implementación de la firma electrónica:

Certeza Jurídica: La validez de la firma electrónica no es tema de debate.  Las firmas electrónicas se encuentran reguladas a nivel federal en el Código de Comercio y en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Por otra parte, su uso es reconocido por el Código Civil Federal. En ciertos casos, una firma electrónica puede tener incluso mayor valor probatorio que una firma autógrafa. Es importante destacar que, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa sin embargo, ambas pueden ser disputadas.

Reducción de Costos y Tiempo: El costo de la implementación de una herramienta para firmar documentos electrónicamente puede ser costoso en un inicio y varía según el tipo de firma, volumen y otros factores. Sin embargo, el tiempo invertido en un proceso de firma electrónica, será mucho menor al de la forma tradicional, pudiendo incluso haber una diferencia de meses. Respecto al costo, las empresas también pueden ver ahorro significativo en la gestión de firmas al firmar electrónicamente documentos internos como externos en el día a día.

En resumen, los beneficios que se obtienen al implementar el uso de firmas electrónicas nos invitan a adoptar cambios que favorezcan las operaciones y los flujos de trabajo. De esta forma, podemos considerar a la firma electrónica y a otras herramientas tecnológicas como un aliado para optimizar los procesos que en muchas ocasiones afectan directamente un proyecto, sobre todo en los tiempos de entrega.

Lic. Alan Petz Cantu

Gloria Ponce de León & Hernández

La renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá no solamente producirá efectos en materia de importación y exportación, sino también en materia laboral.

De acuerdo al Capítulo 23 del Decreto Promulgatorio por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estado Unidos Mexicanos, Estado Unidos de América y Canadá, publicado por el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio del 2020. La reforma laboral y la creación de tribunales fue un punto central en las negociaciones de los estadounidenses para el TMEC, toda vez que la justicia laboral en México tenía que ser real y eficiente, por lo que los sindicatos pasarán a convertirse en Paneles Laborales a los que es posible acudir en caso de controversia, siempre y cuando sea aplicable. Entre Estados Unidos y México los trabajadores tendrán acceso a un mecanismo laboral de respuesta rápida, en el que México podrá seleccionar a un experto de Estados Unidos y viceversa que funcione como arbitro ante cualquier violación de libertad sindical y éste podrá suspender beneficios arancelarios e implementar sanciones a las mercancías de las empresas que violen dicho derecho.

Respecto a la aplicación de leyes laborales, se estableció que cada parte promoverá el cumplimiento de sus leyes laborales, nombrando y capacitando inspectores que vigilen el cumplimiento de las mismas e investiguen presuntas violaciones, permitiendo a los trabajadores y sindicatos ejercer sus derechos en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación.

Asimismo, en cuanto a la representación de trabajadores en la negociación colectiva en México, se adoptarán medidas necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, estableciendo en las leyes mexicanas el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, prohibiendo el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción en contra de los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido.

En este sentido, México tendrá que establecer órganos independientes para registrar elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, mediante legislación que establezca dos puntos:

1. Una entidad independiente para conciliación y registro de sindicatos y contratos colectivos, y
2. Tribunales Laborales independientes para la resolución de controversias laborales.

La legislación dispondrá que la entidad independiente para la conciliación y el registro tenga la autoridad para imponer sanciones apropiadas contra quienes violen sus órdenes y todas las decisiones de la entidad independiente estén sujetas a apelación ante tribunales independientes.

Lic. Génesis Moyeda Salazar

Gloria Ponce de León & Hernández

Por motivo del COVID-19, y con la finalidad de contribuir con el distanciamiento social, y contener la propagación del virus, el pasado 6 de julio del presente año, la Secretaria de Economía dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras publicadas en fecha 23 de febrero de 2015.

Este acuerdo modifica las Reglas Primera y Décima Quinta, estableciendo también como una medida adicional de presentación de tramites en caso de por causas de fuerza mayor el sistema no esté disponible o no sea posible acudir presencialmente a las oficinas de RNIE, los trámites podrán también realizarse vía correo electrónico, considerando los plazos y formalidades establecidas en las disposiciones aplicables.

Asimismo, se establecen las indicaciones que se deberán tomar en cuenta para el envío de estos tramites vía correo electrónico:

• Asunto de mensaje, tipo de tramite y nombre de sujeto obligado.
• Adjuntar formato que corresponda al trámite, debidamente firmado por representante legal, apoderado o autorizado de la sociedad.
• Adjuntar anexos que correspondan al trámite, debidamente firmados por representante legal, apoderado o autorizado de la sociedad.

A cada trámite se asignará folio de ingreso, fecha y nombre de funcionario que recibe el trámite. En caso de errores u omisiones, se notificará por correo electrónico el requerimiento respectivo, debiendo contestar al mismo correo dentro de los 5 días hables siguientes a la notificación del requerimiento. En caso de no realizarlo de esta manera de desechará el tramite y se entenderá como no presentado.

Los trámites que se podrán realizar vía correo electrónico establecidos en dicho acuerdo según corresponda para cada uno, son los siguientes:

• Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
• Aviso de Modificación al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
• Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
• Informe Económico Anual (Renovación de constancia de inscripción) presentado al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
• Aviso de Actualización Trimestral presentado al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
• Aviso de Fedatarios públicos en términos del Artículo 34 de la Ley de Inversión Extranjera.
• Solicitud para el otorgamiento de prórroga a plazos establecidos, en materia registral, en la Ley de Inversión Extranjera o en el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, requerimientos o cualquier otro. (Competencia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras).
• Consulta de expedientes del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
• Consulta en materia de inversión extranjera. (Competencia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras).
• Copias y Constancias (Competencia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras)

Los trámites ante RNIE no se podrán presentar de manera presencial hasta que la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura de manera gradual, cauta y ordenada de las actividades relacionadas con la Administración Publica Federal.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596192&fecha=06/07/2020

Licenciada Natalia Montoya

Gloria Ponce de León & Hernández

En términos del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales tienen la obligación de presentar pagos provisionales de ISR, tomando como base el coeficiente de​​ utilidad del ejercicio anterior. Sin embargo, dicho coeficiente puede ser disminuido a partir del segundo semestre de cada ejercicio.

Es decir, las personas morales que estimen que el coeficiente de utilidad aplicado durante el primer semestre del ejercicio es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que corresponda al ejercicio, podrán solicitar la autorización para disminuirlo durante el segundo semestre.

Como se mencionó, el coeficiente de utilidad que se ocupa para efectuar los pagos provisionales de ISR de un ejercicio se determina con base en los ingresos del año inmediato anterior. Es así que, si se estima que, en el año en curso, la persona moral obtendrá menos ingresos que los del ejercicio inmediato anterior, podrá optar por solicitar la​​ disminución del coeficiente para la determinación de los pagos provisionales de ISR.

Por su parte, el Reglamento de la LISR, establece que la solicitud de autorización se presentará a la autoridad fiscal, un mes antes de la fecha en que se debe efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir, esto es a más tardar el 17 de julio del presente año.

La solicitud para la reducción de pagos provisionales de ISR: Para efectos de solicitar la autorización respectiva, se deberá presentar​​ diversa información, a través de buzón tributario o en su caso de manera presencial antes las oficinas autorizadas.

Escrito libre, el cual se deberá presentar en dos tantos y deberá contener la siguiente información:

• El nombre, denominación social o razón​​ social, RFC y domicilio fiscal.
• Autoridad a la que se dirige y propósito de la promoción.
• Dirección de correo electrónico
• Manifestar los hechos y circunstancias de la promoción.
• Identificación oficial vigente del representante legal.
• Poder ante fedatario que acredite la personalidad
• Formato 34​​ “Solicitud de Autorización​​ para disminuir el monto de pagos provisionales”, debidamente llenado.

Papel de trabajo que contenga lo siguiente:

1. El procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se​​ consideraron para determinar los pagos provisionales del ISR ya efectuados de enero al mes de junio.
2. Aplicación de acreditamientos, reducción, exención o estímulo fiscal en los pagos provisionales.
3. El monto de la PTU pagada en el ejercicio en el cual se​​ solicita la disminución de pagos provisionales.
4.  Procedencia y aplicación de pérdidas fiscales, en su caso.
5.  Señalar a que ejercicios corresponde el coeficiente de utilidad utilizado.

La autoridad fiscal en un​​ plazo no mayor a tres meses deberá emitir la resolución señalando si se autoriza, se autoriza parcialmente o se niega la autorización de disminución del monto de los pagos provisionales, según sea el caso, la cual será notificada por buzón tributario o de​​ manera personal en el domicilio fiscal.

Lic. Giselle Villanueva

Gloria Ponce de León & Hernández

 El 1º de junio de 2011, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet, en la cual se reconoció el acceso universal a internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad.

El derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, conforme a lo previsto en el artículo 17^[1] constitucional, impone la obligación al Estado mexicano de impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. En el mismo sentido, el artículo 946 de la Constitución Federal indica que la impartición de justicia en el orden federal correrá a cargo de un Poder Judicial Federal, conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral.

En América Latina, países como Chile, el cual desde el año 2015 actualizó su marco jurídico con la expedición de la Ley de Tramitación Electrónica, aseguró el acceso efectivo a la justicia, regulando la firma electrónica, las audiencias a través de videograbaciones, la comunicación con las partes en juicio, principalmente autoridades, mediante la interconexión, y las notificaciones judiciales a través de correo electrónico, estableciendo la obligatoriedad del expediente electrónico mediante la carpeta judicial virtual.

En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el 27 de abril de 2020 la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a los países la “racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios”. Para poder cumplir dicha recomendación, los sistemas de justicia tienen que aplicarse en la “innovación y el trabajo en línea”.

En fecha 09 de julio del 2020 se publicó el decreto con la iniciativa de reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el once de junio de dos mil trece, prevé en el párrafo tercero del artículo 6º1, que es obligación del Estado garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluido el de banda ancha e internet, elevando a rango constitucional el derecho humano al acceso a esas tecnologías.

Concatenado con los acontecimientos anteriores, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano al acceso a la justicia y señala que ésta debe adecuarse a los parámetros constitucionales y cumplir con los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad.

¿Por qué se emitió esta iniciativa?

 La urgencia de implementar la tecnología en nuestro día a día derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 decretada por el Consejo de Salubridad General, y con lo cual se colocó a la impartición de justicia en la lista de actividades consideradas como esenciales, con lo cual se convirtió en un detonante que esta se haya convertido en una necesidad para todos los ciudadanos, por ende, es necesario que exista un sistema de impartición de justicia en línea y que todos podamos tener acceso.

El 2 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-202, que estableció como objetivo el promover la cobertura, el acceso y el uso de telecomunicaciones en condiciones que resulten alcanzables para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.

Esto, teniendo en consideración que la demanda de servicios de banda ancha ha generado un importante incremento en el número de usuarios. Sin embargo, no todos los mexicanos tienen acceso a Internet, por lo que el Programa referido señala que la Red Compartida Altán Redes, que opera bajo la supervisión del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), propuso adelantar a partir de 2020 el último hito de cobertura, que corresponde al 7.2% de la población residente en localidades de difícil acceso. Lo anterior, a fin de priorizar el despliegue de red en zonas de alta y muy alta marginación

Con lo anterior se pretende asegurar el derecho constitucional de todas y todos al acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e Internet, con acciones que promuevan la cobertura en todo el país y el acceso a dichos servicios, poniendo énfasis en los grupos históricamente discriminados y en zonas de alto y muy alto grado de marginación.

¿Para qué se crea el Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024?

Este programa señala acciones puntuales para poner en marcha la estrategia de que todos los ciudadanos tengamos acceso a internet, banda ancha, entre otras, las siguientes:

• Diseñar estrategias de aumento de la cobertura, a través de mecanismos de coordinación con actores públicos y privados, que permitan lograr condiciones de conectividad a Internet mediante servicios de banda ancha en el territorio nacional.
• Promover condiciones de acceso a dispositivos y servicios de conectividad a Internet, así como favorecer mecanismos de organización social y comunitaria para la ampliación de los servicios de radiodifusión, para fortalecer la inclusión y el desarrollo social.
• Identificar y definir el marco de habilidades digitales, con énfasis en las necesidades de los grupos prioritarios o en situación de vulnerabilidad, que permitan lograr la inclusión y la transformación digital de México.
• Identificar modelos, herramientas y mejores prácticas para la transformación digital y el desarrollo sostenible.
• Fomentar el uso de diversos canales de promoción, diseminación y adopción de herramientas para la formación de capacidades y habilidades digitales.
• Identificar, analizar y experimentar tecnologías y herramientas de telecomunicaciones, radiodifusión e información para fomentar el desarrollo tecnológico de México.
• Generar mapas de ruta y promover recomendaciones y proyectos estratégicos que impulsen la modernización y adopción de modelos para el desarrollo tecnológico del país.
• Fortalecer los mecanismos de gobernanza de Internet para lograr redes interconectadas, interoperables y seguras con respeto a los derechos y obligaciones de sus usuarios.
• Identificar y coordinar la participación de actores clave para el desarrollo de un marco de política pública que permita satisfacer las necesidades de la población en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como promover el desarrollo del sector.
• Así, el Programa prevé que para el año 2024 se garantice la conectividad a la totalidad de la población mexicana mediante el uso óptimo de todas las redes disponibles, concesionadas y públicas, internet gratuito en los sitios públicos e incremento de la cobertura de banda ancha móvil de 87.3% que había en 2018, al 95%.

 ¿Como estamos a nivel estatal en relación a la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación las (“TIC”) en relación la impartición de justicia?

Mediante reforma de fecha 26 de abril de 2013, el Estado de Coahuila incorporó a su Constitución, como una garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, que el procedimiento judicial podría tramitarse a través del sistema de justicia digital confiable.

En el Estado de Nuevo León, el Código de Procedimientos Civiles establece esta figura jurídica en su artículo 44 del título especial, en la cual se define al Tribunal como:

Artículo 44.- Se entenderá por Tribunal Virtual el sistema de procesamiento de información, electrónico o virtual, que permite la substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; conforme a los lineamientos de operación establecidos en el Segundo Título Especial del Libro Séptimo de este Código.

El objeto de este Tribunal Virtual es que la población tenga la facilidad de consultar, desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet, los acuerdos, promociones y documentos de los expedientes que la o las personas autorizadas tengan acceso, de conformidad con las reglas que la ley establece para esos efectos.

El Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, en el artículo 48 de su Título Especial, aporta algunas definiciones trascendentes para la implementación del Tribunal Virtual, por mencionar algunas:

1. Promoción Electrónica: es una promoción redactada y enviada a través del sistema Tribunal Virtual.
2. Firma Electrónica: es la información en forma electrónica consignada en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.
3. Acción Electrónica: es cualquier consulta, envío de información o interacción que se realicen en las páginas electrónicas del Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado.
4. Notificación Electrónica: proceso mediante el cual se dan a conocer las actuaciones judiciales realizadas en los procesos civiles, familiares y de jurisdicción concurrente a los usuarios del Tribunal Virtual.
5. Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos digitalizados, promociones electrónicas y resoluciones realizadas en los sistemas del poder judicial, almacenados en sus bases de datos siendo una copia fiel del expediente físico.
6. Recepción electrónica: Momento en el cual queda registrado en el sistema la entrega electrónica de una o varias solicitudes generadas por un usuario previamente autorizado para ello, lo que se reflejará en una medida de tiempo de horas, minutos y segundos, indicando igualmente la fecha calendario.
7. Módulo: Ventana o página electrónica, externa (para usuarios) o interna (para servidores públicos), que forma parte del Tribunal Virtual, permitiendo la realización o uso de un servicio, a través del usuario y contraseña adecuado.
8. Autorización: Es el consentimiento explícito del administrador a través de una acción electrónica dentro del mismo sistema, que permite al usuario solicitante realizar una función determinada. Esta autorización será realizada por quien tiene facultades para ello.
9. Generación de resoluciones: Es la producción de los proyectos de decretos, autos o sentencias, a través de los módulos internos del sistema para la revisión y firma del titular del tribunal correspondiente.

Desde el Instituto de la Judicatura del estado de Nuevo León, y en la práctica se ha sostenido que la implementación del Tribunal Virtual en dicha entidad ha representado importantes beneficios, tanto para el Poder Judicial como para la población, tales como la reducción del número de visitas a los juzgados, lo cual se traduce en una disminución del tiempo para la consulta de uno o varios expedientes, o la eficiencia en el manejo del tiempo, que ha permitido agilizar los procesos.

En los juicios ordinarios y en los de oralidad mercantil, y en materia de extradición, la interpretación de las disposiciones que rigen los procedimientos respectivos permite concluir la posibilidad de actuar mediante la utilización de medios electrónicos. En cuanto a los casos penales del sistema adversarial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas incluso en la tutela de garantías fundamentales, como el derecho a contar con un intérprete.

La incursión de las TIC en la sociedad ha comenzado a cambiar la forma de interacción. Sin embargo, su aproximación al mundo del derecho y la justicia en México ha sido lenta, a pesar de que, con su uso adecuado, la impartición de justicia presentaría cuando menos siete mejoras trascendentales como lo son: ahorro de recursos, celeridad, accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad, transparencia, ecológico, imparcialidad, trabajo en casa.

 Con el propósito de contar con un marco jurídico que garantice el acceso de la justicia de forma presencial y virtual, servidores públicos en la impartición de justicia y el derecho al trabajo, es que se propuso al Senado la iniciativa para adicionar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de adicionar lo siguiente:

• La obligación de todos los poderes y órganos jurisdiccionales de implementar de forma progresiva el Sistema de Justicia en Línea.
• El Establecimiento de Tribunales Virtuales, a través de las tecnologías de la información y comunicación.
• La posibilidad de tramitar todos los procesos judiciales en línea.
•  La regulación para la formación del expediente electrónico, previa acreditación de la firma electrónica.
• La instrumentación del juicio en línea se propone como optativa para las partes, además de considerar que, en México, requerimos avanzar con el acceso a internet por la mayor parte de la población.

Es notorio, que la pandemia causada por COVID-19 trae entre muchas otras cosas, tales como, cambios personales, implementación de medios de comunicación, nos hace ser más eficientes, proactivos etc., y con ello también estas reformas la cual trae consigo el concientizar a los ciudadanos en que hoy en día el acceso y  la implementación y utilización de los medios tecnológicos es sumamente importante, ya que  es una herramienta con la cual podemos obtener de manera mas expedita el acceso a la justicia.

Esta iniciativa también establece que el Poder Judicial de la Federación, y el de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios, los Tribunales Electorales y los Tribunales Administrativos de la Federación y de las entidades federativas implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea, en los términos de lo dispuesto por la ley. Por su parte, El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.

[1] Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales…

Licenciada Giselle Villanueva

Gloria Ponce de León & Hernández

El pasado 1 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) la cual abroga la ley de la Propiedad Industrial, esta nueva ley contempla distintos cambios en su estructura y en los ordenamientos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

• El nombre del Ordenamiento: Como podemos percibir, de los primeros cambios que hubo fue el nombre, al cual se le agregan las palabras “federal” y “protección”.
• Reglas Generales: a diferencia del anterior ordenamiento, la LFPPI contempla un capítulo de reglas generales para los distintos tramites a realizar a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
• Secretos Industriales e Información Confidencial: Se incluye como excepción para la consulta de expedientes de cualquier tipo aquellos que contengan secretos industriales o información confidencial, a diferencia de la ley anterior.
• Registro General de Poderes: Esta nueva ley contempla un capítulo para la Representación y el Registro General de Poderes, el cual en la pasada ley se establecía dentro del capítulo de procedimientos administrativos, en este nuevo capítulo se hace mención de lo que el IMPI tomará como documentos válidos para acreditar las facultades del representante y de las reglas y procedimientos para inscribir las facultades dentro de Registro General de Poderes.
• Reglas generales para Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados: se reconoce como creador a quien desarrolle esquema de trazado de circuitos integrados, se integran los denominados certificados complementarios en el caso de que en la tramitación de una patente cumpla existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al IMPI que se traduzcan en un plazo de más de 5 años, entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente.
• Patentes: Se incluye la definición de Características técnicas esenciales dentro del capitulado de patentes, las cuales son aquéllas necesarias para que la invención resuelva el problema técnico, se adicionan como no patentables los métodos para actividades económico-comerciales y el material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza.
• Modelos de Utilidad: se amplía la vigencia de los modelos de utilidad de 10 a 15 años improrrogables.
• Diseños Industriales: se añade a la protección del diseño industrial los dibujos artesanales con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.
• Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos: se incluye el capitulado para estos rubros, en el cual se hace mención que el titular de una patente o registro, mientras se podrá renunciar a este derecho, o solicitar su rectificación o limitación, mediante solicitud dirigida al IMPI.
• Secretos Industriales: se modifica la definición de secretos industriales para quedar de la siguiente forma: “toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.”
• Marcas: se prohíbe el registro de marcas a aquellos signos que incluyan expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;
• Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas: se modifica el concepto de denominación de origen para quedar como: “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo”; se agregar los elementos para la consideración de una indicación geográfica.
• Procedimientos administrativos y sus consecuencias: se delimitan los alcances de las facultades del IMPI respecto a sanciones, multas o clausuras, se modifican los tipos de notificaciones que podrá emitir el Instituto, se contempla un incremento a las multas por la violación de este nuevo ordenamiento y los delitos penales de los secretos industriales, adicional que con esta nueva ley las multas serán consideradas como créditos fiscales.

Lic. María Galaviz

Gloria Ponce de León & Hernández

Es claro que seguimos en medio de la pandemia y que ésta podría seguir generando diversos cambios y modificaciones a medida que se siga desarrollando, los cuales aún no tenemos contemplados, en embargo, en materia de privacidad y seguridad cibernética de la información, las diversas implicaciones legales que le son aplicables al día de hoy ya tienen resultados visibles, por lo que hacemos un listado de algunas lecciones que por su importancia deben ser consideradas como una oportunidad de mejora que todas las empresas, grandes o pequeñas, debemos implementar:

1. Los ciberataques y amenazas cibernéticas no están en aislamiento.

La seguridad debe acompañarnos en todo lugar y en todo momento, ahora más que nunca. Las nuevas condiciones laborales evidencian que existe una necesidad de contar con mecanismos de protección como lo son soluciones de seguridad y seguimiento de procesos internos que lleven a la aplicación de buenas prácticas.

Conforme la situación continúa desarrollándose, los riesgos siguen en aumento en virtud de que la información es utilizada en equipos o redes que no son corporativas, por lo que las amenazas informáticas aparecen bajo condiciones en donde se tienen controles de seguridad menores, así como en las herramientas para videoconferencias y anexas en donde recientemente aparecieron nuevos riesgos de seguridad. Por lo que se recomienda lo siguiente:

• Garantizar los procesos de identidad de terceros que tengan acceso a la red de la compañía.
• Realizar seguimientos constantes de gestión de ciberseguridad para identificar las que puedan verse amenazadas.

2. Las políticas, procesos y controles de ciberseguridad están de moda.

Derivado que el impacto de los ciberataques es cada vez mayor, las empresas deben ajustarse a los procesos actuales con la intención de seguir con sus operaciones. Como respuesta se deben implementar mayores controles de seguridad de la información y comprender que estas configuraciones de seguridad deben mantenerse en una constante actualización para permanecer seguras.

Las empresas no deben abandonar las medidas de gestión de riesgos cibernéticos ya que la pandemia a generado una mayor capacidad de procesamiento y conectividad que en tiempos anteriores. El ajuste de nuevas políticas de seguridad y gestión de capacidad de las redes de la organización pueden y están haciendo frente de una manera efectiva a las amenazas que los tiempos actuales han planteado.

3. Toda crisis trae oportunidades de mejora.

El distanciamiento social nos ha obligado a llevar a cabo actividades cotidianas de una forma diferente, para el caso de las Tecnologías de la Información, se trata de una oportunidad para impulsar proyectos de transformación digital.

En el caso de la seguridad, esta transformación debe ser utilizada para promover cambios organizacionales para la protección de activos y de forma general, difundir aún más la cultura de la ciberseguridad, así como crear mayor conciencia sobre el uso seguro de la tecnología, en todo momento y en cualquier lugar. Es necesario que hoy en día se considere una pandemia como un escenario realista al momento de evaluar los riesgos y análisis de impacto de un negocio, pues, aunque la probabilidad es de baja ocurrencia, el impacto como lo hemos visto es elevado.

Todas las empresas deben utilizar los enfoques basados en el impacto que se ha presentado o puede presentar para diseñar sus medidas y planes de respuesta que busquen garantizar la continuidad de sus procesos y actividades, tanto las internas como todas las que tengan un contacto con terceros.

4. El teletrabajo también puede verse afectado si no se mantiene una correcta seguridad.

Durante esta situación, los colaboradores de las empresas reciben de manera constante una gran catidad de información de fuentes internas y externas al respecto. Estos ataques de ingeniería social o phishing que provocan una presión psicológica puede que reduzca su estado de alerta y esto impacte en su nivel de respuesta ante una amenaza o ciberataque.

Este fenómeno puede provocar que los colaboradores sean más propensos en cometer errores en el manejo de sus procesos o tengan comportamientos no seguros, como compartir información privada o incluso, credenciales de acceso a sus redes y equipos. Por lo que se recomienda constantemente ejecutar acciones de concientización con mensajes bajo los siguientes lineamientos:

• Tener cuidado al manejar cualquier página web o correo electrónico con asuntos, archivos adjuntos o hipervínculos relacionados al COVID-19.
• Solamente utilizar fuentes confiables y sitios web legítimos del gobierno con información actualizada sobre temas relacionados con el COVID-19.
• Nunca revelar información personal ni de terceros, ya sea en páginas web o a través de correos electrónicos.

5. Los procesos de transformación digital ya no son una decisión propia sino una obligación para seguir como un apto competidor.

Es claro que el proceso a una transformación digital en distintos ámbitos como laboral, educativo o de entretenimiento tiene ya tiempo en desarrollo, sin embargo, la pandemia expuso que hoy en día existe una amplia necesidad de contar con medios alternativos para poder realizar las actividades cotidianas como lo es el teletrabajo.

Hay quienes anterior a la situación mundial actual, ya habían adoptado algunos mecanismos como opción para realizar ciertas funciones por lo que la pandemia tuvo un impacto bajo en sus funciones, así bien los que habían invertido en infraestructura, medidas de seguridad para sus colaboradores para que estos realicen sus actividades desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet han visto los beneficios de su inversión.

Por otro lado, es más que evidente que las empresas que ignoraron esta transformación se han visto afectadas por faltas de disponibilidad, fallas en su resguardo de información confidencial hasta faltas de integridad de grupos enteros.

María Fernanda Ortega

Gloria Ponce de León & Hernández