Ley Antilavado y el Arrendamiento de Inmuebles

Ley Antilavado y el Arrendamiento de Inmuebles

¿Sabias que el arrendamiento puede ser catalogado como una actividad vulnerable para el lavado de dinero?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), regula las actividades que son susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Dentro del catálogo de actividades, el artículo 17, fracción XV de la LFPIORPI, señala que es una actividad vulnerable la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmueble; sin embargo, no todos los arrendamientos, por sí mismos tienen este carácter, pues de acuerdo con el mismo precepto para ser considerados de esta naturaleza, deben ser por un monto mensual igual o superior a las 1,605 veces el valor de la UMA, que son alrededor de $154,433.10 pesos,  esto para estar dentro del umbral de identificación y $308,866.20 para el umbral de aviso, considerando que la UMA es de $96.22 pesos en este 2022

Por lo que no todos los arrendadores tienen la obligación de dar de alta su arrendamiento como actividad vulnerable, ni cumplir con las obligaciones en la materia de prevención de lavado de dinero; únicamente tienen este deber aquellos cuyo importe de renta mensual rebase el umbral señalado.

De encontrarse en los supuestos de actividad vulnerable, las personas deben cumplir, entre otras con las siguientes obligaciones:

  • Identificar a su cliente o usuario, y en su caso al beneficiario controlador.
  • Presentar los avisos el día 17 de cada mes.
  • Designar un representante de las obligaciones (en caso de personas morales)
  • Proteger y evitar la destrucción y el ocultamiento de la información soporte de las operaciones.
  • Brindar las facilidades necesarias en caso de verificación, y
  • Elaborar un manual de políticas y procedimientos para la verificación y Actualización de los datos proporcionados por los clientes.

En la actualidad, la Ley Antilavado contempla más de 20 obligaciones directas e indirectas para dar un adecuado cumplimiento al régimen de Prevención, las cuales auxilian a la mitigación de riesgos y su incumplimiento abre la posibilidad de ser acreedor a algún tipo de sanción administrativa, como lo pueden ser las exorbitantes multas que van de $17 mil a $5.8 millones de pesos por cada omisión, o del 10% al 100% del valor total de la operación sujeta a este régimen.

 

Lic. Javier Estrada V.

Gloria Ponce de León & Hernández

 

Gobierno Corporativo, la importancia de su adopción para institucionalizar tu empresa

Gobierno Corporativo, la importancia de su adopción para institucionalizar tu empresa

Cuando hablamos de institucionalizar una empresa nos referimos a la adopción de organizaciones, estructuras y procesos que aportan a la empresa grandes beneficios como lo son planes de continuidad, estabilidad y seguridad corporativa para accionistas e inversionistas, etc.

El gobierno corporativo garantiza una adecuada aplicación de estrategias y normas mismos que traen consigo el posicionamiento y estabilidad de una empresa en el mercado.

Hay que resaltar que las empresas, grandes o pequeñas, son entre otras cosas, exitosas ya que mantienen una estructura estratégica en distintas áreas primordiales como sus accionistas, órganos de administración, direcciones y más.

Entre los beneficios que podemos destacar de contar con un gobierno corporativo que institucionalice tu empresa se encuentran los siguientes:

  • Atracción de inversionistas: si algo es importante para un inversionista al inicio de las pláticas con cualquier empresa, es el poder verificar que cuenta con estructura en sus documentos, proyectos de trabajo y planes de continuación en caso de una contingencia, esto le da seguridad con su inversión y le da perspectiva de cómo está transcurriendo el negocio.
  • Relaciones Publicas: el como actuar ante una contingencia de medios sea cual sea la situación es de suma importancia para cualquier empresa, ya que de no hacerlo de forma correcta podría ser sumamente perjudicial.
  • Plan de continuidad: La continuidad de la empresa es de suma importancia, tanto para sus accionistas como para los posibles inversionistas, los empleados y la economía en general, el contar con un plan de continuidad en el que se pueda tener transparencia en la rendición de cuentas, así como el establecimiento de responsabilidades y obligaciones para cada área son de los objetivos de este tipo de plan.

En GP&H te podemos apoyar a hacer un análisis e implementar un gobierno corporativo que cubra las necesidades especificas de tu negocio, acércate con nosotros.

 

Lic. María Galaviz

Gloria Ponce de León & Hernández.

 

 

 

Nuevas regulaciones para los creadores de contenido y/o imagen

Nuevas regulaciones para los creadores de contenido y/o imagen

Recientemente la Diputada María del Rosario Merlín García presentó una iniciativa para que los creadores de imagen “influencers” que tengan una actividad profesional sean declarados “prestadores de servicios de comunicación audiovisual” y se inscriban en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “Trabajadores de Servicios Profesionales”, a fin de que paguen impuestos en caso de ser remunerados por el contenido que difundan en redes sociales; esto a través de la adición del Artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Dicha  iniciativa destaca que los vídeos que suben los particulares a las redes sociales cada día para destacar algún capítulo de su vida cotidiana o empatizar con los amigos quedarán exentos de esta normativa; de igual manera, establece que para que un creador de imagen digital pueda equipararse a un servicio de comunicación audiovisual deberá cumplir con ciertos requisitos tales como: tratarse de un servicio económico, ser un servicio dirigido al público en general, que la función de los contenidos sea principalmente informar, educar o entretener, entre otros.

Esta iniciativa tiene como objetivo, regular la publicidad engañosa que, según señala la iniciativa, ha tenido repercusiones públicas con casos sonados de promoción a la anorexia, la ludopatía o incluso la adicción a las drogas; así como regular los pagos que reciben los influenciadores a través de distintas plataformas, inscribiéndose en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “Trabajador de Servicios Profesionales”.

Entre las obligaciones de los creadores en el ámbito de la publicidad digital que se pretenden adicionar en el Artículo 32 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor destacan: Contar con los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones objetivas respecto de su producto o servicio, de manera previa a su difusión; Contar con las autorizaciones o licencias para el uso de signos distintivos u obras protegidas por derechos de autor en la publicidad; Inscribirse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre que sean remunerados con el cobro de un monto de dinero y agregando la leyenda #PublicaciónPaga en sus redes sociales; entre otros.

Para mayores informes sobre la nota ponte en contacto con nosotros.

 

Consulta la Iniciativa completa en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-05-18-1/assets/documentos/Ini_Morena_Dip_Rosario_Div_Disp_Proteccion_Consumidor.pdf

Fuente: Gaceta del Senado de la República. Recuperado el 07 de septiembre del 2022 de:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/126048

 

Mariana Z. Crespo Alcalá.

Gloria Ponce de León & Hernández.

Beneficio Controlador

Beneficio Controlador

El Beneficio Controlador es una nueva obligación que entró en vigor en el Código Fiscal de la Federación a partir del primero de enero de 2022. Esta nueva obligación de carácter fiscal tiene el fin de identificar, obtener, conservar y actualizar la información de los beneficiarios controladores de distintas figuras jurídicas.

¿Quiénes están obligados?

  • Personas morales;
  • Fiduciarias;
  • Fideicomitentes;
  • Fideicomisarios;
  • Partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier figura jurídica;
  • Notarios Públicos;
  • Corredores Públicos;
  • Terceros que intervengan en la constitución de figuras jurídicas y
  • Entidades financieras e integrantes del sistema financiero.

¿Quién es un Beneficiario Controlador?

Toda aquella persona física o grupo de personas físicas que, de forma directa o indirecta se vean involucradas en la participación de una persona moral, un fideicomiso o cualquier otro tipo de figura jurídica.

Información requerida

La información principal que requiere la obligación del Beneficiario Controlador consiste en datos civiles, como también, fiscales y es debido a los fines qué tiene esta nueva obligación; entre los datos requeridos para el seguimiento de la obligación, algunos de ellos son:

  • Nombre completo;
  • Fecha de Nacimiento;
  • Estado Civil;
  • Registro Federal de Contribuyente (RFC);
  • Cedula Única de Registro Personal (CURP);
  • Entre otros.

Manual de Procedimiento Interno

Se obliga a que las personas vinculadas en la participación de una persona moral estén documentando e implementado procedimientos internos apegados a las nuevas disposiciones. En el caso de ser requerido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se contará con un plazo de 15 días hábiles para proporcionar la información previamente documentada e implementada en un Manual de procedimiento Interno.

Sanciones

Es necesario preciar que las multas por el incumplimiento de la obligación son altas, esto a que se puede ser multado desde los $500,000.00 MXN hasta los $2,000,000.00 MXN por cada Beneficiario Controlador que no se encuentre propiamente identificado, por tener expedientes incompletos o con información incorrecta, así como, restricción temporal de sellos digitales, suspensión de padrones de importadores o exportadores, entre otras.

Lic. Luis Gabriel Gloria Duarte

Gloria Ponce de León & Hernández

Contrato de Obra a precio Alzado

Contrato de Obra a precio Alzado

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en días recientes resolvió por contradicción de criterios de diversos Tribunales Colegiados, la jurisprudencia con el rubro: “LA VÍA MERCANTIL ES LA PROCEDENTE PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON UN CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO CELEBRADO CON UNA EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN Y QUE TENGA POR OBJETO REALIZAR OBRAS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL”, lo anterior  para dar certeza jurídica respecto a las posturas que existían sobre la vía procedente, considerando que se sostenía que procedía la vía mercantil por tratarse de un acto de comercio, mientras que también se determinaba que la vía procedente era la civil al tratarse de un contrato regulado por el Código en esa materia, en este caso el Código Civil.

Importante considerando, que ya existían exposiciones de ideas respecto al tema de la vía en diversos criterios jurisprudenciales por la Primera Sala, los cuales concluían que en el supuesto de que para uno de los contratantes el acto jurídico sea de naturaleza mercantil, y para el otro, del orden civil, el problema sobre la procedencia de la vía, para dirimir conflictos surgidos de dicho acuerdo de voluntades, se soluciona a partir de la aplicación del artículo 1050 del Código de Comercio, esto es, procederá la vía mercantil, que para determinar la naturaleza mercantil o civil y, por tanto, la vía jurisdiccional para demandar el incumplimiento y la rescisión de un contrato de obra a precio alzado, debía atenderse a los actos que la ley determina como propios del comercio, considerando el artículo 75, fracción VI, del Código de Comercio clasifica como acto de comercio a “las empresas de construcciones”, por lo cual, para determinar si un contrato de obra a precio alzado es de carácter mercantil, debe analizarse si se realiza con el ánimo de obtener una ganancia a consecuencia de su suscripción, apreciando la causa generadora que impulsó a cada uno de los contratantes a suscribir el contrato. Haciendo mención, por cuanto hace a una persona moral, si del acto jurídico que celebró como contratista se advierte que dentro de sus objetos están el dedicarse a la construcción y restauración, ello denota que dentro de sus fines principales se encuentran, precisamente, la realización de actos de comercio que versen sobre esos rubros, mediante los cuales persigue una especulación comercial. En consecuencia, cuando una persona moral constituida en estos términos suscribe un contrato de obra a precio alzado, es inconcuso que realiza un acto de comercio, acorde con la fracción VI del artículo 75 citado; y, al acontecer así, la vía procedente para incoar la controversia derivada del contrato mencionado, es la ordinaria mercantil, aunque la parte contratante haya celebrado el pacto de mérito buscando satisfacer su necesidad de contar con una vivienda, lo cual se cataloga como un acto puramente civil, pues para la aplicación de las leyes mercantiles basta con que la indicada contratista haya realizado el acto jurídico con un fin preponderantemente especulativo.

Atendiendo a lo antes expuesto, si bien el contrato de obra a precio alzado, es regulado por el Código Civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó bajo el estudio jurídico que el acuerdo de voluntades de las empresas de construcción que intervienen en la celebración del acto jurídico, tiende a ser de los denominados de comercio, de manera que resulta procedente la vía mercantil para resolver las controversias que surjan con motivo del contrato, considerando la relación del objeto social de las empresas, lo anterior en términos de la fracción VI, del artículo 75 del Código de Comercio.

Lic. Benito E. Garza Villanueva.

Gloria Ponce de León & Hernández